Se confirmó ayer que en forma anticipada el juez federal de Mendoza Raúl Héctor Acosta ordenó las detenciones de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y sus ex ministros Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero, entre otros, por la desaparición en 1976 de un joven mendocino. Así consta en el artículo cuatro de la resolución del magistrado de San Rafael, Mendoza, fechada el viernes 27 de octubre pasado, y firmada con el secretario federal del juzgado, Carlos Ariel Boltrini.

Al conocerse la disposición del magistrado, Cafiero pidió ayer la eximición de prisión al juez de la causa.

Por su parte, Isabel Martínez, que reside en España, donde reside desde hace décadas, espera que Acosta se expida sobre el planteo de Cafiero para luego definir una estrategia, dijo el abogado Atilio Neira. "Hablé con España pero no diré nada respecto a mi conversación con la señora de Perón. Veremos qué decide el juez respecto del pedido de Cafiero para luego establecer los pasos a seguir", se limitó a manifestar Neira, representante de "Isabel".

El canal de cable "Todo Noticias" (TN) difundió anoche el dictamen del juez: "Cumplimentado que sea lo ordenado en los puntos dos y tres ordenar la inmediata detención de quienes resulten indicados por los informes que se solicitan a efectos de recibirles declaración indagatoria", reza en mayúsculas el último punto de la resolución del juez.

Para el magistrado Isabel, Cafiero y Ruckauf, entre otros, deben ser detenidos y trasladados a declarar "como presuntos coautores prima facie del delito previsto y penado por el artículo 142 bis del Código Penal", que prevé hasta la reclusión perpetua a quien prive ilegítimamente a alguien de la libertad.

Justamente en el punto uno, el juez solicitó mediante "urgente despacho" a la delegación sanrafaelina de la Policía Federal que averigüe "los datos completos, número de documento de identidad, cargos ministeriales y domici

lios actualizados" de los funcionarios que componían el gabinete de ministros de la viuda de Perón. Y en especial aquellos que en 1975 firmaron los decretos firmaron los decretos 2.770, 2.771 y 2.772 por el que se formó el Consejo de Seguridad y Interna y se autorizó a los gobierno provinciales a poner bajo control de la Nación a las fuerzas de seguridad.

Mencionó en el dictamen a los ex ministros de Economía, Cafiero, y Trabajo, Ruckauf; al ex presidente del Senado Italo Luder; al fallecido ex ministro del Interior del gobierno de Isabel, Angel Federico Robledo, al entonces canciller Manuel Arauz Castex y el ex ministro de Defensa Tomás Vottero y el ex ministro de Bienestar Social Carlos Emery. En el punto tres, Acosta mandó a pedir con "urgente despacho" al ministro de Gobierno de Mendoza Sergio Marinelli "la identidad, y sus domicilios si se les conociere, de quienes (en la administración) suscribieron poner las fuerzas policiales y de penitenciaria bajo el control operacional del Consejo de Defensa de la Nación".

Todo ello en el marco de la causa judicial sobre el mendocino Héctor Aldo Fagetti Gallego, un periodista que había trabajado en Buenos Aires y volvió a su provincia, pero el 25 de febrero de 1976 fue secuestrado y nunca más volvió a aparecer, solamente un mes antes de que las fuerzas armadas perpetraran el golpe militar y detuvieran a "Isabel" y sus ministros.

Pese a lo que escribió en su resolución, desde el jueves el juez Acosta no quiere confirmar ni desmentir su contenido y ayer insistió, en declaraciones a radio Rivadavia, con que "nosotros... todavía...hemos mandado...para que digan una serie de datos de algunas personas".