VIEDMA (AV)- El juez de Instrucción de esta capital, Carlos Reussi, recibió esta semana una denuncia ampliatoria respecto de que en el consorcio de riego del Valle Inferior se registraron supuestas irregularidades por un total de 526.000 pesos.

Esta situación fue informada ayer por el interventor Maximiliano Bruno a un grupo de productores que forman parte del ente, en el marco de una reunión que se concretó en la Escuela Secundaria de Formación Agraria (ESFA).

El funcionario acercó estos datos al tribunal luego de recibir un informe elaborado por un auditor que contrató especialmente el Departamento Provincial de Aguas (DPA), que intervino al consorcio en agosto pasado.

El estudio tomó estados contables desde 2003 en adelante para elaborar el informe sobre las presuntas anomalías. Ahora, la Justicia deberá determinar el grado de responsabilidad sobre empleados o bien la única comisión directiva que presidió Néstor Campot en los últimos 10 años; se indicó.

El faltante de dinero sería en efectivo y cheques, de acuerdo a lo anunciado por el funcionario quien estuvo acompañado por el auditor Alberto Francioni y miembros del Estudio Cortés que fue contratado para tareas de asesoría legal.

El interventor hizo mención en el encuentro a otros problemas de funcionamiento que está teniendo el consorcio, a raíz de una serie de planteos laborales formulados por el personal.

El auditor había comenzado su labor a mediados de setiembre pasado como consecuencia de un faltante de 140.000 pesos, responsabilidad que inicialmente había sido atribuida a dos empleados. Esta irregularidad inicial había sido denunciada a la Justicia por el propio Campot, quien dejó el consorcio luego de una frustrada asamblea en la que no hubo acuerdo para nombrar una nueva comisión.

La intervención informó que las primeras estimaciones ubicaron deudas por 500.000 pesos en el canon de riego, por lo que se busca regularizar la situación mediante la aplicación de diversos planes.

El titular del DPA, Horacio Collado, resolvió salir al rescate del ente para asegurarle el servicio a los productores. Asimismo, se le transfirieron unos 300.000 pesos en concepto de aportes no reintegrables frente a la crisis que viene atravesando. El consorcio cubre el servicio sobre unas 20.000 hectáreas desde 1996.