EL BOLSON (AEB) - Ex convencionales de la oposición plantearon ante el Superior Tribunal de Justicia provincial la inconstitucionalidad y nulidad de la reformada Carta Orgánica, aprobada en soledad por el oficialismo radical en agosto pasado.
La demanda pertenece a los ex convencionales justicialistas Daniel Cortés y Raúl García; Raúl Prytula (Frente Grande); Teresa Hube (PPR); Irma Inés Morán, afiliada del PJ, y Raquel Rodríguez, presidenta local del FG.
El máximo tribunal provincial deberá resolver sobre la acción de nulidad e inconstitucionalidad planteada hacia todo lo actuado por la Alianza Concertación y Desarrollo en la Convención y en consecuencia la nulidad e inconstitucionalidad de la Carta Orgánica publicada en el Boletín Oficial N° 4.444 del 7 de setiembre del 2006.
La demanda describe los antecedentes a partir de abril del 2005, enumerándose los problemas con la Junta Electoral en su composición y funciones, con las candidaturas de funcionarios políticos del intendente Romera, y el mantenimiento de sus cargos remunerados luego de elegidos y ungidos convencionales, con lo cual habrían incurrido en incompatibilidad manifiesta. Asimismo se alude a las desprolijidades en la aprobación del reglamento interno de la Convención y la negativa del radicalismo a tratar en su seno la cuestión de las incompatibilidades denunciadas por la oposición, como también a declarar los cargos que detentaban.
Luego se dedican a las nulidades. Entre las atribuidas a cuestiones de forma: el incumplimiento del principio de abstención en la votación de los implicados. "Cuando se plantearon incompatibilidades de siete (del total de ocho) convencionales de la Alianza Concertación y Desarrollo, con fecha 15 de marzo del 2006, los imputados de encontrarse en la incompatibilidad, votaron ellos mismos en contra de su tratamiento".
En cuanto al fondo acusan "incumplimientos reiterados de la norma en reforma (...) La violación de la anterior Carta Orgánica durante el proceso de reforma vicia de nulidad absoluta e insanable a la nueva norma".
Ya centrada la demanda en la explicación de las inconstitucionalidades, se refieren al presunto fraude electoral en razón de que "la Alianza oficialista, planteó en su plataforma que impulsaría la inclusión de la Defensoría del Pueblo en la Carta Orgánica, y del Tribunal de Cuentas electo por el pueblo. Pero no presentó proyectos acorde a estas propuestas y cuando la oposición lo hizo, votó en contra".
Suponen también un abuso de autoridad ya que "se habría producido una suerte de suma del poder público del Cuerpo, en el presidente de la Convención, quien solicitó a sus correligionarios le autorizaran a redactar las cláusulas transitorias las que aparecen en el Suplemento del B.O. 4.444 como "sancionadas y promulgadas" aún antes de haber sido redactadas, en el colmo del delirio jurídico (...) en una insoportable ligereza en el tratamiento de los asuntos públicos."
Por fin, se refieren a "la sustitución de la representación política real de los convencionales del justicialismo Daniel Cortés, José Emilio Aguilar, Noemí Sánchez y Raúl García" porque en la publicación del B.O. N° 4.444 se los identifica como pertenecientes a un Frente (el de la Victoria) que no estaba formado en El Bolsón.
