VILLA REGINA (AVR).- Este lunes el Consejo de la Magistratura se reunirá en Roca para evaluar el desempeño del juez Alberto Cariatore, titular del Juzgado de Instrucción y de Familia y Sucesiones N 20, de Villa Regina, a partir de la causa que se inició por el operativo de restitución de dos menores que se encontraban con su madre, al padre.

La causa para evaluar el desempeño de Cariatore, se inició a partir de la denuncia que presentó Carina Santini en abril de este año, luego de que por una orden del juez, el personal del grupo BORA irrumpió en la vivienda del padre de la mujer, con el objetivo de dar con dos menores de 4 y 9 años, para ser restituidos al padre, de acuerdo a una orden judicial emanada de un juzgado de La Pampa.

Cómo se recordará, durante la madrugada del 10 de marzo, el grupo BORA ingresó en la vivienda de la familia Santini, ubicada en el barrio Belgrano de esta ciudad, para cumplimentar la orden de restitución de los dos menores; los cuales fueron sorprendidos mientras estaban durmiendo, y con las pocas ropas que tenían puestas fueron trasladados hasta la Comisaría Quinta, donde fueron entregados a su padre, quien en forma inmediata los trasladó hacia Santa Rosa en

La Pampa.

La audiencia para evaluar el desempeño de Cariatore, estaba prevista para llevarse a cabo en los primeros días de este mes, pero debido a la designación de la legisladora Ana Piccinini a cargo de la Defensoría del

Pueblo, se postergó dado que integra el Consejo de la Magistratura.

Para la reunión del Consejo, que se llevará a cabo en General Roca, se convocó a declarar a varios jefes policiales, integrantes del grupo BORA, a Carina Santini y varios de sus familiares.

Este medio intentó ayer obtener la palabra del juez Alberto Cariatore, pero no pudo ser ubicado.

No obstante, en la única entrevista que otorgó el magistrado a "Río Negro" en los días posteriores al procedimiento por el cual se le inició un proceso en su contra, sostuvo que ante los integrantes del Consejo de la Magistratura "daré todas las explicaciones del caso. Lo que se actuó, se actuó dentro de la ley".

Al mismo tiempo había justificado el proceder para la restitución de los chicos con la intervención del grupo BORA en que "existían riesgos para la integridad de las personas".

Por el hecho, el auditor general del Poder Judicial, Gustavo Martínez, inició una investigación de oficio, que definió que la situación del juez deba ser evaluada por el Consejo de la Magistratura, con intervención de la Procuraduría General de la provincia, como parte acusadora.

Carina Santini, madre de los dos pequeños de 4 y 9 años que fueron restituidos al padre, y que permanecen en La Pampa, por su lado indicó que "lo único que espero es que a nadie más le toque pasar lo que a nosotros nos tocó vivir, que fue una situación traumática y violenta".