SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Ente Provincial Regulador de la Electricidad emplazó a la CEB para que "reformule" la llamada "contribución especial" impuesta a sus clientes en junio pasado, que de hecho funcionó como un aumento tarifario del 12 por ciento.

La resolución hizo lugar al reclamo presentado por la edil de MARA Sandra Guerrero, en lo que constituyó un "caso testigo" de otros 45 planteos similares.

A partir de julio pasado la CEB agregó en sus facturas un adicional del 12% sobre el precio autorizado del consumo eléctrico de cada usuario. El adicional aparece en un troquel aparte, junto al resto de los servicios que cobra la empresa. Pero el pago debe efectuarse mediante un talón unificado.

El incremento en cuestión no pasó por el filtro del EPRE pero consiguió legitimidad al ser aprobado por amplia mayoría en la asamblea de la CEB que se realizó el 30 de junio.

El responsable del Area Usuarios del Ente Regulador, Roberto Ferrero, dispuso que la Cooperativa presente en el término de 10 días hábiles un nuevo modelo de factura donde el costo de la energía aparezca claramente discriminado de la contribución especial.

Ferrero subrayó que "el servicio debe ser prestado por la tarifa que cuenta con aprobación del EPRE" y cualquier adicional tendrá que estar desligado por completo de esos valores.

El funcionario también consideró "desprolijo" que el aporte destinado a sostener la economía de la CEB recaiga en similar proporción sobre todos sus usuarios, sin distinguir entre quienes tienen oportunidad de trasladar ese costo y quienes no la tienen.

Según explicó el presidente de la Cooperativa, Omar Goye, en un escrito de descargo agregado al expediente, la "contribución especial" tiene el propósito de hacer frente a una deuda de 25 millones de pesos que pesa sobre la CEB.

El EPRE hizo notar que la prueba documental que aportó la Cooperativa no brinda detalle alguno sobre el origen de ese pasivo. Guerrero, por su parte, dio por hecho que una buena parte del quebranto fue originado por negocios ajenos a la distribución eléctrica, de modo que no correspondería cargarlos a la tarifa de ese servicio.

Incluso la concejal señaló que "si el poder concedente o el órgano regulador fija una tarifa, es un despropósito que la Cooperativa arbitre otra y la lleve a cabo. Tendría que haber concurrido a la Justicia como cualquier otro ciudadano ante una decisión administrativa que considera arbitraria".

Se preguntó también qué sentido tiene la legislación de defensa del consumidor y de regulación de tarifas "si una empresa (aunque tenga forma de cooperativa) aprovechando su posición monopólica traslada al usuario de un servicio esencial sus desequilibrios financieros".

Con parecido criterio, el EPRE consideró que "la naturaleza jurídica del concepto objetado no resulta claro" y encontró "cuanto menos contradictorio" que la contribución exigida a los socios esté vinculada a la tarifa, cuando debió definirse a partir de "una metodología de cálculo absolutamente diferenciada".