En agosto de 1994, hace doce años, se sancionaba la última reforma a nuestra Constitución Nacional. A través del Pacto de Olivos se había acordado un "núcleo de coincidencias básicas", que fue votado a libro cerrado: se habilitó así la reelección inmediata del presidente, se creó la figura del jefe de Gabinete de Ministros, se aumentó la cantidad de senadores, se introdujeron los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa.

Otro conjunto de modificaciones, cuya discusión sí estaba abierta para los constituyentes, devino en lo que finalmente se denominó "nuevos derechos". Entre ellos, por primera vez se otorgó carácter constitucional a la existencia de los partidos políticos.

Para algunos dicha mención no era necesaria, y acaso redundante; desde tiempo atrás los partidos políticos en Argentina contaban con un marco legal, doctrinal y jurisprudencial, reconociéndoles incluso su jerarquía constitucional.

Finalmente, el artículo 38° de nuestra Constitución reformada garantiza la organización democrática de los partidos políticos, a los que define como instituciones fundamentales, y agrega a tal garantía de funcionamiento las de representación de las minorías, la competencia de los candidatos, el acceso a la información pública y la difusión de las ideas; compromete la contribución estatal para su sostenimiento económico y para la capacitación de sus dirigentes, a la vez que los obliga a dar publicidad al origen y destino de sus fondos.

Pese a ello, doce años después el sistema de partidos políticos agoniza.

El gobierno y gran parte de la oposición, sumidos en un paroxismo electoral, parecen decididos a liquidar los últimos retazos del sistema.

En un país donde los presidentes acostumbran a expresar su voluntad de cambiar de raíz la historia, encarnando personalmente y conduciendo la fuerza arrolladora de la voluntad mayoritaria, hablar de minorías es todo un signo de debilidad. Y hasta el cumplimiento de la ley se subordina a las necesidades de la transformación en marcha. El objetivo final el paraíso prometido (o la salida del infierno) parece justificarlo todo.

Ahora el presidente no sólo no habla con la oposición (¡a la cual se culpa además por ser precisamente eso, oposición!), sino que tampoco se dirige a su propio partido, devenido tras años de orgulloso verticalismo en una mera estructura de uso en elecciones.

Los candidatos a cargos electivos compiten más por el favor del jefe que por el de los votantes: saben que la cercanía al gobernador o al presidente, es decir al sustento material desde el aparato estatal, decidirá primero su inclusión en las listas y luego el apoyo en la campaña y los beneficios del arrastre electoral.

Para la Argentina del eterno reinicio, las plataformas partidarias son, decididamente, objetos de museo; en el mercado de las voluntades políticas las posiciones fluctúan rápidamente y es perfectamente posible repudiar hoy lo que se apoyó ayer, o a la inversa. Los destellos ideológicos del discurso político suelen ser meramente parte del cotillón proselitista.

El valor de las ideas es, por lo tanto, efímero y escaso.

En materia de transparencia en el financiamiento de la actividad política, hay pocas cosas claras, excepto que nadie se siente obligado a dar explicaciones. Ni autorizado a pedirlas.

Y respecto de la capacitación de los dirigentes, está claro que para la mayor parte de la dirigencia política conducir el Estado es una actividad que requiere más viveza y actitud que conocimientos o aptitudes.

Ahora bien, si entre la voluntad de mayorías y minorías expresadas por el voto y el gobernante no se sostienen instituciones sólidas e independientes de la administración de turno, los derechos políticos, económicos y humanos de todos corren peligro. En ello se fundamenta la idea de la democracia representativa; un sistema como se ha dicho hasta el cansancio imperfecto, pero el mejor posible.

Y una de esas instituciones son los partidos políticos.

Partidos que den sustento ideológico y operativo al gobierno desde el oficialismo y que lo controlen desde la oposición. Partidos que sirvan de base para la formación de los dirigentes en la compleja tarea de administrar el Estado. Partidos de recojan y analicen la problemática y las expectativas de los votantes y desde los que opositores u oficialistas puedan apoyar con fortaleza la gobernabilidad y sostener las instituciones republicanas.

Lo que los partidos no hagan, los espacios que cedan en la vida institucional, las responsabilidades que no asuman, serán igualmente ocupados por otros grupos u organizaciones de todo tipo, inclusive no democráticas; los ciudadanos individualmente tienen escasos incentivos (y posibilidades) para controlar en forma directa a sus representantes. Y el botín es grande.

JAVIER O. VILOSIO (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Médico. Ex secretario de Salud de la provincia de Río Negro. Maestrando en Economía y Ciencias Políticas.