SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los vecinos de Bahía Serena exigieron "una legislación ecológica y medioambiental de avanzada" para revertir la falta de planificación de la ciudad y adelantaron la decisión de defender el carácter público de las costas lacustres.

La organización, que logró frenar el avance privado sobre Bahía Serena, rechazó la política institucional de Parques Nacionales que reconoce derechos a las propiedades privadas que se extienden por debajo de la línea de ribera del lago Nahuel Huapi.

Los vecinos anticiparon la decisión de recurrir a la justicia para las defender las costas y playas de los lagos cordilleranos, alentados por el dictamen de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Ana Wieman, integrante del grupo autoconvocado, cuestionó el escaso compromiso de los funcionarios responsables de la planificación urbana y la defensa del bien común, al tiempo que fustigó la falta de respuesta a las inquietudes comunitarias.

"En cada caso enviamos notas, seguidas de más notas y cartas documentos para obtener respuestas que no nos satisfacen", se quejó la mujer que reafirmó la decisión de seguir reclamando frente a cada atropello.

En el caso particular del Nahuel Huapi, Wieman aclaró que "Parques reconoce derechos a la propiedad privada y nosotros no lo compartimos, es una cuestión de interpretación de jurisprudencia en la que vamos a pedir que revean su postura".

Los autoconvocados en defensa de Bahía Serena renovaron sus expectativas de incidir sobre la problemática lacustre tras estudiar el informe sobre "dominio, acceso, uso y goce de los lagos" elaborado por los letrados ambientalistas nacionales.

En ese dictamen medular los abogados reafirman el carácter público de los lagos navegables y sus lechos y el derecho de todos los ciudadanos de "acceder, usar y gozar de éstos".

El documento aclara que el concepto de "lago navegable" se extiende a cualquier espejo de agua que ofrezca "la simple posibilidad de navegar en lancha", condición que se introdujo en al Código Civil en 1968 -mediante la ley 17711- con la finalidad de extender el dominio estatal.

En su extenso razonamiento los abogados ambientalistas destacaron que "los lagos navegables, sus lechos y hasta sus márgenes son de dominio público y no puede realizarse ningún acto jurídico que transfiera su propiedad, porque tal acto es nulo de nulidad absoluta".

Fortalecidos por el dictamen los vecinos presentaron un pormenorizado relevamiento de la costa del Nahuel Huapi que documenta las violaciones del espacio público realizadas por particulares que avanzaron sobre las playas, la línea de ribera y los accesos entre el Ñirihua y Península San Pedro.

Los casos más graves se ubican en el kilometro 11.300 de Bustillo, donde la bajada fue cerrada por un particular que instaló una casa, y el kilómetro 15.500 de la misma avenida que fue cerrado con una tranquera por otro particular que construyó una cancha de tenis.