BUENOS AIRES (ABA) .  El poder judicial podría instar al Congreso Nacional a que sancione una norma que fije parámetros "claros y razonables" para la distribución de la publicidad oficial. Así lo afirmó el senador nacional Ricardo Gómez Diez, quien unificó a la oposición en la Cámara alta detrás su proyecto sobre el tema, el que también suscribieron el titular del bloque de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz y la justicialista disidente, Hilda de Duhalde.

"Si hay intención de los poderes públicos de reglamentar una cuestión donde existe una notoria discriminación, el poder judicial podría establecer un criterio o plazo para el dictado de la legislación", señaló Gómez Diez del centrista Partido Renovador de Salta. Puso como ejemplo análogo el caso Badaro, en el que la Corte Suprema emplazó al Parlamento a fijar en un "plazo razonable" un criterio de movilidad en los haberes jubilatorios, quedando en manos de los jueces la posibilidad de actuar en caso de omisión.

Un pronunciamiento judicial sería el único modo de superar el escollo impuesto por el kirchnerismo que en ambas Cámaras rechaza la habilitación del tratamiento del tema. Además, como en un juego de pinzas, el procurador Esteban Righi en su reciente dictamen no vinculante en la demanda del diario "Río Negro" contra el gobierno de Neuquén, sostuvo que "más allá de la innegable aceptación de que el uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial es una de las posibles manifestaciones de las restricciones a la libertad de expresión, resulta insoslayable contar con un marco jurídico normativo interno que establezca los parámetros objetivos necesarios...".

"Trampa"

Es decir, en una especie de trampa dialéctica, por un lado dicho funcionario reconoció que se atentó contra la libertad de prensa, pero por otro lado se amparó para fundamentar su fallo en un vacío legal.

Pero no sólo Gómez Diez destaca la facultad de los jueces para garantir el cumplimiento de la Constitución, sino también el jurista Gregorio Badeni subraya el rol que está tomando la cabeza del poder judicial, citando además del fallo sobre haberes el precedente en que exigió una respuesta frente a la contaminación producida por el Riachuelo.

La resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de comienzos de mes en la ciudad de México, le pidió al gobierno que presente proyectos para reglamentar con criterios claros y objetivos la distribución de la publicidad y el acceso a la información pública; a la vez que expresó su "profunda preocupación por el dictamen del procurador general de la Nación que perjudicó al diario "Río Negro", confiando en que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia resguarde el fundamental principio de la libertad de expresión ante cualquier intento de vulnerarlo" y la OEA la semana pasada se expidió en amplios términos sobre la presión que también desde la Casa Rosada se hace "sobre la prensa que mantiene una línea editorial independiente".

Gómez Diez puso de relieve como la publicidad oficial tanto en el orden nacional como provincial- en lugar de servir a la difusión de los anuncios oficiales está siendo utilizada como premio o castigo a la posición de los medios.

Su iniciativa prevé la distribución de un 15 % entre todos los medios, y el resto (85 %) de acuerdo a los niveles de venta o audiencia. En cambio, la de la diputada radical Silvana Giudice se refiere a otras variables como ubicación de zona de influencia y número de receptores de cada medio, mientras que el proyecto de los diputados macristas agrega el elemento del menor precio ofrecido.

Los diputados Paula Bertol y Federico Pinedo, subrayan el modo en que la discrecionalidad del manejo de fondos incide sobre la libertad de prensa. Curiosamente, con una concepción opuesta a la de sus "aliados" sobischistas.