SIERRA GRANDE (ASG).- La familia que tuvo que ser desalojada por el derrumbe de su departamento en el barrio 9 de julio del IPPV está desde ayer "en terreno firme" después del susto. Ahora sus vecinos que habitan espacios contiguos deberán dejar el lugar por orden del IPPV y ante el temor de nuevos accidentes.

En la escalera 24 del barrio 9 de julio reina la incertidumbre por estas horas.

Los vecinos vieron atónitos como la familia González de la planta baja tuvieron que salir de emergencia del edifico porque las paredes internas se derrumbaban y el piso se hundió ante sus ojos.

En el edificio, desde hace mucho tiempo, se advertían serios problemas edilicios. Tanto el IPPV como el municipio dijeron que estaban al tanto del tema porque han sido varios los informes técnicos elaborados para determinar que sucedía en esos módulos.

Pero ya es tarde para cualquier obra de reparación porque a simple vista se advierte que hay problemas estructurales irreversibles y la salida más rápida, según coinciden los expertos, será el desalojo de todas las familias del sector y la demolición del edificio.

Los vecinos de la escalera 24 muchas veces fueron testigos de los relevamientos y las fotos que sacaban los técnicos, pero en definitiva, los módulos nunca se repararon.

Ahora los que deben buscar una solución y una salida urgente son las cuatro familias que viven en el mismo edificio y en ala de departamentos que comparten la escalera. Ayer les llegó una notificación con la firma de María Mansilla, del área habitacional del IPPV, pidiéndole a las familias que desalojen la vivienda en el plazo perentorio de 24 horas porque el edificio está en peligro de derrumbe, según expresa el acta.

"A dónde vamos a ir, nadie nos trae una solución, yo no me muevo de aquí hasta que me aseguren un techo para mi gente" sostuvo uno de los vecinos de la escalera, quien sintetizó lo que les pasa la las otras tres familias

que no saben a dónde irán a parar después de esta notificación.

En algunos casos consideran que para el Instituto de la vivienda no existen porque compraron la llave a otros ocupantes, como la mayoría en el barrio, y carecen de papeles para realizar cualquier reclamo.

La situación es crítica y desde el mismo municipio comunicaron al IPPV que recomendaban como primera medida desalojar los departamentos habitados por el riesgo de derrumbe, vallar la zona y realizar el estudio necesario para su demolición, según dijo a este medio el secretario de Obras y servicios públicos Fabián Aragolaza.

Por otra parte el mismo municipio decidió poner fajas de clausura en las puertas de los departamentos.