SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La investigación judicial que busca determinar si existieron delitos en la administración de la Cooperativa de Electricidad ya derivó en el primer llamado a indagatoria, con lo cual quedó desactivado en lo inmediato el riesgo de prescripción de la causa.

El juez Martín Lozada citó bajo la condición de imputado a Juan Garzón Lucero, un ex directivo de la empresa Ingeniería y Servicios Chile, que la CEB creo años atrás para realizar obras públicas en el vecino país.

Según se desprende del expediente, Garzón Lucero habría cobrado en el banco de Crédito e Inversión de Chile una transferencia de 100 mil pesos que la CEB depositó en julio de 1999 en el banco Francés de Bariloche, con el propósito de constituir garantía para una obra de gas en Temuco que jamás se construyó.

La ruta de ese dinero se perdió desde entonces y constituye una de las irregularidades que el juez tiene bajo la lupa, junto a otras operaciones que permitieron conformar varias sociedades anónimas en el seno de la cooperativa, cuyo ruinoso desempeño acumuló una deuda conjunta de 30 millones de pesos.

Garzón Lucero fue citado en agosto y no se presentó ante el juez en la fecha fijada, lo cual demostraría que su domicilio obrante en los registros de la CEB ya no es el real.

Interrumpe la prescripción

Aun así, y mientras continúa la pesquisa para determinar su paradero actual, la citación a indagatoria tiene entidad suficiente para interrumpir los plazos de prescripción, que de otra manera hubieran obligado a cerrar la causa antes de fin de año.

La denuncia inicial fue formulada en julio del 2003 por el ex procurador de la provincia, Hugo Mántaras, a partir de una investigación realizada por la Legislatura provincial. Aquel informe había concluido que durante los años 90, y bajo al presidencia de Leonardo de Ferrariis, la CEB "se apartó de su objeto social" para crear sociedades anónimas que incursionaron en otros negocios ajenos a la distribución eléctrica y "comprometieron el patrimonio" de la empresa.

Según explicó en su momento el juez Lozada, la investigación apunta a determinar si el millonario déficit que presentó la CEB en el período 1996/2002 "es producto de maniobras compatibles con el delito de administración fraudulenta".