Tres características de la gestión de Carlos Soria en el municipio roquense, que por la nitidez que alcanzaron en estos tres años de mandato hacen compleja la búsqueda de una explicación lógica para el deambular sin rumbo del gobierno ante el conflicto que enfrenta hoy a comerciantes y vendedores callejeros.

El Poder Ejecutivo roquense sabe desde hace meses que la convivencia entre los propietarios de locales y los jóvenes que cada mañana instalan con mercadería en las veredas del centro es una granada entre sus manos. Sin embargo, poco y nada hizo para desactivarla.

Esa dilación implicará un costo extra cuando se tomen decisiones. El nivel de sensibilidad aumentó esta semana para unos y otros, por lo tanto se tornó improbable la solución salomónica pretendida en despachos de la comuna.

Dejar los puestos sobre la calle Tucumán conducirá a un escenario con fisuras entre Soria y los comerciantes. Un impacto negativo para una relación en la que tuvo que trabajar mucho el intendente, dispuesto a alcanzar altos niveles de confianza y adhesión en el sector.

Por el contrario, ordenar el cese de la venta informal significa un trastorno en las proyecciones del gobierno. Los vendedores se trasladarían, pero no hacia otra zona de la ciudad sino hasta las puertas de la municipalidad, para protestar por haberse coartado su derecho a trabajar.

La contradicción para este gobierno con imagen de duro rector y tenaz defensor de la letra escrita en ordenanzas es que -por razones aún no reveladas- aplicó con dispar intensidad las reglas creadas años atrás para organizar la actividad mercantil y al mismo tiempo mantener en armonía la relación entre comerciantes y peatones.

Muy clara es la ordenanza que establece que las veredas deben mantener un ancho mínimo de dos metros liberados para el tránsito de personas caminando.

Y muy claro se encargó de dejar el Ejecutivo meses atrás que clausuraría a todo aquel que siguiera sacando sillones, colchones y bicicletas para exponer en las aceras.

Los puestos ocupan amplios espacios y dificultan el paso, pero hasta aquí sólo hubo tibieza oficial en los controles.

En tanto, otra norma indica que la única oferta callejera permitida es la ambulante.

Huelgan las palabras para explicar el pisoteo a esa disposición, pero faltan argumentos oficiales para respaldar la pasividad de los inspectores.

Pueden existir prejuicios entre los comerciantes a la hora de relacionar a sus informales competidores con delitos aún no padecidos, pero la responsabilidad del Estado es muy grande como para asumir el riesgo de que nunca ocurra nada grave entre ellos.

Si pretende mantener intacta su capacidad para hacer respetar los principios que rigen la vida cotidiana de la ciudad, el gobierno roquense debería ser consecuente y aplicar las reglas establecidas.

Es cierto que la comuna no tiene más facultades que las de multar a un infractor, pero no es ese un impedimento absoluto. Pocos meses atrás, con el objetivo de ordenar el tránsito, se selló un acuerdo con la policía para sacar de circulación a los vehículos en falta. Hoy las cosas parecen ser vistas con otro cristal.

Lo importante a saber es que seguir adelante con la aplicación selectiva de las normas no ubicará al intendente y sus funcionarios más cerca de la defensa del derecho a trabajar de un grupo de personas.

Por el contrario, los alejará bastante del derecho que tienen miles de roquenses de recibir un trato ecuánime cada vez que se busca corregir conductas reñidas con la ley.

HUGO ALONSO

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