BUENOS AIRES- El Senado dio media sanción al proyecto de ley que establece una serie de incentivos para la promoción de créditos inmobiliarios, en el marco del plan anunciado por el gobierno e implementado desde la semana pasada con el compromiso de 17 bancos públicos y privados. La iniciativa fue aprobada por 40 votos, aportados por todo el arco oficialista, y 12 abstenciones, por la decisión del radicalismo y de partidos minoritarios.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, es una iniciativa remitida por el Poder Ejecutiva para facilitar a los inquilinos el acceso a créditos hipotecarios, y para aumentar la oferta inmobiliaria como un modo de contener la escalada de precios en el sector.

El objetivo de este beneficio es disminuir de manera sensible el costo de las unidades, de manera que la cuota para cancelar el crédito sea similar al alquiler que pagaba el locatario.

La iniciativa procura establecer un régimen general de incentivos para la adquisición y construcción de "vivienda única, familiar y permanente" a través de un esquema especial de créditos que también alcanzará a inquilinos que suscriban contratos de leasing y quienes posean terreno propio destinado a la construcción de una vivienda.

El proyecto permite acceder al financiamiento del ciento por ciento de la compra de viviendas por valores de hasta 200 mil pesos y el 90% en cifras de hasta 300 mil pesos.

La norma flexibiliza los requisitos para el acceso a los créditos. Los interesados deberán ser locatarios de viviendas por un plazo no menor de ocho meses y haber pagado puntualmente su alquiler.

Así como apunta al incentivo a la demanda, la norma también promueve beneficios para la oferta, a través del establecimiento de un esquema de devolución anticipada del IVA para las empresas constructoras que realicen viviendas dentro de este plan.

El encargado de explicar los alcances de la iniciativa fue el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el justicialista Jorge Capitanich, quien definió como "objetivo sustancial" del proyecto la de "convertir a los inquilinos en propietarios".

Mencionó "objetivos intermedios, como atenuar la evolución del índice de precios aumentando la oferta de inmuebles, logrando la generalización de empleos con incorporación de mano de obra calificada o no calificada, con la consecuente reducción del índice de desempleo".

Después de reconocer que "hasta ahora todos los mecanismos han sido insuficientes para promover el crédito", Capitanich consideró el proyecto "un mecanismo muy creativo" ya que "pretende establecer un régimen de incentivos focalizado tanto a la oferta como a la demanda".

El jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, definió después la posición de su bancada que, según aclaró, "comparte la decisión política de que el Estado tiene cosas para hacer en este tema", pero que tiene "enormes dudas sobre su efectividad, tal como está redactado el proyecto".

El legislador mendocino criticó la primera parte de la iniciativa, relacionada con los créditos, por considerar que "el carácter imperativo que tiene va a ser una herramienta de litigiosidad importante, ya que por él se obliga a los bancos a otorgar los créditos mencionados si el solicitante cumple con las condiciones establecidas".

"Si se lo escribe en manera imperativa uno está generando un sujeto activo de derecho, el inquilino, y uno pasivo de derecho que son los bancos. Entonces todos se van a presentar ante el banco diciendo que son inquilinos y van a solicitar un crédito al mismo valor que el alquiler que paga, lo cual es imposible de cumplir", sustentó Sanz.

El radical también criticó por "ineficaz" el incentivo a las empresas constructoras, ya que según él la devolución del IVA propuesto "servirá sólo para abaratar hasta un 3% del costo final de la construcción, suponiendo que todas las operaciones se hacen en blanco". (DyN)