El protagonismo que en las agendas públicas de los países de América Latina ha tomado la cuestión de la seguridad, en términos de protección ciudadana frente al delito y a la violencia, es un dato evidente. En su obra "En busca de la política", Zygmunt Bauman afirma que "desde ya más de una década, las promesas de ser implacables ante el delito y de aumentar el número de criminales condenados a muerte han figurado de hecho como primer tema de los programas electorales, independientemente de la denominación política del candidato. Para los políticos o aspirantes, el fortalecimiento de la pena de muerte es el billete ganador de la lotería de la popularidad" .
Lo que no es tan evidente es cómo plantear una solución a este problema en sociedades como la argentina, donde las fuerzas encargadas de tutelar la protección y seguridad ciudadana mantienen y reproducen prácticas y normativas contrarias a la vigencia de un Estado de derecho. Comencemos por considerar que la violencia policial no sólo puede ser pensada en términos de herencia del Estado autoritario, pero es innegable que buena parte de las policías argentinas provinciales y federales se ha configurado históricamente no sólo en la traducción del liberalismo sino también del autoritarismo en tanto racionalidad política, oscilando el peso de una y otra según los períodos.
Tomemos por ejemplo un dato, tal vez simbólico, pero con fuerte significado: la Escuela de Policía de la provincia de Neuquén lleva por nombre el del comisario inspector Adalberto Staub, personaje indicado como responsable de haber dado la orden de la tristemente célebre Masacre de Zainuco, en 1916. A tantos años transcurridos ¿no se debería haber revisado esto? Pero si el problema fuera sólo una cuestión de nombres y recuerdos, la situación no sería tan grave como lo es el alentar propuestas que postulan el "orden en las calles" como único objetivo y describen la situación actual como un Estado de guerra contra determinados individuos, "los delincuentes", que deben ser controlados por una autoridad eficaz, "la Policía". Más presupuesto, más hombres, más tecnología se presentan como los aspectos a reforzar. Lo cierto es que todo ello lo que intensifica, en tal caso, es la capacidad represiva del propio Estado, pero nada indica que esto haga disminuir el nivel de delito y menos aun el nivel de violencia. Por su parte, en cuanto a la administración de justicia, los estudios realizados por el CELS muestran cómo la precariedad de recursos de los sistemas de defensa pública tienden a reforzar la selectividad del sistema penal, por la que los más débiles tienen altas chances de recibir castigos, mientras que quienes cuentan con mayores recursos aumentan sus probabilidades de tener una defensa efectiva. A su vez, las actuaciones judiciales en muchas ocasiones exponen una actitud benévola ante el uso indiscriminado de la fuerza policial. Esto se refleja en prácticas como modificar la carátula de los expedientes de forma tal que la pena para el policía resulte mínima o bien despreciar pruebas importantes o centrar la investigación en el delito cometido por la víctima de abuso policial y no en el abuso mismo.
En la provincia de Neuquén, los casos de apremios ilegales denunciados no son pocos. La delegación de la Secretaría nacional de Derechos Humanos ha venido recibiendo este tipo de exposiciones desde el año 2004 y la respuesta institucional solicitada no pasó del plano de la formalidad burocrática. Cuando un joven es llevado para averiguación de antecedentes a una comisaría por circular en la calle sin identificación y durante el trayecto o en la misma unidad policial es humillado y agredido verbal y/o físicamente, ¿qué se debería hacer: esperar a que pierda un ojo o su cabeza sea destrozada para merecer entonces una investigación seria de parte de los responsables? Cuando ante una protesta social, la represión policial deja como saldo 34 personas heridas, uno de ellos con 64 impactos de bala de goma que le causan la pérdida de un ojo, doce personas heridas con balas de plomo y siete personas intoxicadas por gases lacrimógenos incluido un niño de cuatro años, como sucedió en noviembre del 2003 en la ciudad de Neuquén, y la Justicia, atenuando la calificación legal de las conductas de los policías posibilita la inmediata libertad de los acusados, ¿puede uno suponer que una Policía mejor equipada sea la solución al problema de la violencia?
Reducir los niveles de violencia institucional debería formar parte también de un Plan de Seguridad. Esto no se trata de un debate maniqueo entre posiciones de "mano dura" y "garantistas", es necesario y urgente modificar la formación de los cuadros que integran las fuerzas de seguridad, acabar con los "nichos" heredados de los regímenes autoritarios que aún reproducen lógicas y prácticas ajenas al Estado de derecho y avanzar en un sinceramiento profundo acerca de qué seguridad queremos, para no quedar "atrapados en azul" como dice la canción, "ellos me protegen de ti, pero de ellos ¿quién me va a proteger?".
MARIA BEATRIZ GENTILE (Sec. Nacional de DDHH, Delegación Neuquén).
Especial para "Río Negro.
