SHANGHAI (AP/AFP) _ El principal dirigente de Shanghai fue despedido ayer por supuesta corrupción, el más alto funcionario en ser destituido en los últimos 11 años, en lo que fue calificado de una jugada maestra del presidente Hu Jintao por asentar su autoridad.

Chen Liangyu, el secretario de finanzas del Partido Comunista, también fue despedido por el poderoso Politburó y es investigado por la agencia contra la corrupción, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, dijo la agencia oficial de noticias Xinhua. El despido de Chen señala "la determinación del partido de enfrentar la corrupción'', dijo Xinhua.

Su salida también le retira un posible oponente a Hu, quien ha atacado a sus oponentes políticos con sus acciones contra la corrupción, en preparación para un importante congreso del partido en el 2007.

Ese encuentro sirve para repartir cargos entre la elite política y Hu, quien encabeza el partido, aprovecharía para instalar a sus favoritos como funcionarios en su segundo mandato de cinco años.

En su calidad de miembro de la llamada "Banda de Shanghai'', Chen, de 59 años, era considerado como protegido del ex presidente Jiang Zemin, cuya autoridad poco a poco es eliminada por Hu.

La investigación de Chen se basa en el uso indebido de cuando menos la tercera parte de un fondo de pensiones citadino de 1.200 millones de dólares, en inversiones ilícitas en bienes raíces e infraestructura. Chen está acusado de ayudar a negocios ilegales, proteger a colegas corruptos y abusar de su cargo en beneficio de su familia, dijo Xinhua.

El despido de Chen también incrementará la popularidad de Hu entre los chinos, quienes se han mostrado cada vez más molestos por la corrupción oficial.

Ya en julio, el gobierno chino endureció las medidas para evitar las confiscaciones ilegales de tierras a los campesinos para construcción y proyectos industriales y la especulación inmobiliaria, dos problemas que ponen en peligro el "milagro" económico

Más de 40 millones de campesinos han perdido sus tierras en los últimos años, y muchos de ellos o fueron compensados por debajo del precio de la tierra o no recibieron compensación alguna.

Se trata de uno de los mayores motivos de crispación social en China, donde el año pasado hubo más de 80.000 protestas. El primer ministro anunció castigo por estas requisas ilegales a los funcionarios locales, mandos en los que se concentra buena parte de la corrupción china.