BUENOS AIRES - (DyN) - El 72 por ciento de los magistrados e integrantes del Poder Judicial requeridos por la organización no gubernamental Poder Ciudadano para dar a conocer su declaración jurada patrimonial se negó a responder tal solicitud, según informó ayer esa entidad.

Según indicó Poder Ciudadano, de los 89 funcionarios de la Justicia a quienes se requirió sobre su situación económica, solamente 25 brindaron la información, pero 13 de ellos solicitaron reserva de sus datos personales.

Poder Ciudadano señaló en un comunicado que entre los que se negaron a la petición de la ong figuran los jueces federales de la Capital Federal Norberto Oyarbide, María Servini de Cubría, Claudio Bonadío y Rodolfo Canicoba Corral, así como los consejeros del Consejo de la Magistratura Beinusz Szmukler, Claudio Kiper, Luis Enrique Pereira Duarte y Victoria Pérez Tognola, entre otros.

Poder Ciudadano también había solicitado las declaraciones juradas a los jueces de la Cámara de Casación Penal, la Cámara Federal porteña, juzgados federales y tribunales orales federales, basándose en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La ley de Etica Pública y del Reglamento de Presentación y Consulta de Declaraciones Juradas Patrimoniales establece que "cualquier persona puede solicitar por escrito el Anexo Público de la Declaración Jurada Patrimonial Integral ante las autoridades que lo requieran". También impone la obligatoriedad de algunos funcionarios de presentar una declaración jurada patrimonial, entre ellos, el presidente y el vicepresidente de la Nación; senadores y diputados nacionales, magistrados del Poder Judicial de la Nación y miembros del Ministerio Público de la Nación, entre otros.

Pero la gran mayoría 72 por ciento de los jueces y funcionarios judiciales requeridos se opuso a la publicidad de sus datos y argumentaron la falta de justificación del objeto de la solicitud que realizó la ong y el resguardo de la ley de Protección de Datos Personales. Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano, dijo que "éste es el país del revés: los que deben aplicar la norma tienden mayoritariamente a desconocerla cuando deben aplicarla para sí. Como si esto no fuera suficiente, se viola el derecho de libre acceso a la información pública". "Se utiliza la ley de Protección de Datos Personales de manera equivocada visto que es obvio que la ley de Etica Pública establece el carácter 'reservado' de ciertos contenidos que no son entregados al público en ninguno de los tres poderes. ¿Por qué tanto temor a que la ciudadanía conozca la información patrimonial de los magistrados?", agregó. Alonso ironizó: "¡Qué paradoja del destino! Este Poder Judicial que obligó hace años al Senado de la Nación a entregar copias de las declaraciones juradas de los senadores, respondiendo a un pedido realizado por Poder Ciudadano, hoy se niega casi corporativamente a entregar las de sus magistrados.

Entre otros argumentos para rechazar el pedido, se explicó que Oyarbide opinó que Poder Ciudadano "ha dado muestras en el pasado de emplear similar información con evidentes propósitos comerciales, al editar un libro con dicho contenido, siendo evidente que no puede considerarse a dicha publicación como medio de comunicación.

Según la información de la ong, Servini de Cubría sostuvo que no existía "fundamentación alguna que amerite acceder a lo peticionado".

(DyN y Télam)