NEUQUEN (AN).- Unas 300 personas vinculadas a la cooperativa de viviendas 127 Hectáreas-Barrio La Sirena, se movilizaron ayer a la mañana hacia la Legislatura y luego hasta el Concejo Deliberante para conocer si alguna norma prohíbe la construcción de casas en el predio que la provincia compró al Ejército Argentino. "Resulta que nos enteramos esta disposición no existe, así que viajaremos a Buenos Aires a pedir al gobierno que expropie la tierra", indicó el vecinalista Jorge Salas.

El jefe de Gabinete, Jorge "Lara nos aseguró el martes que la provincia no puede ceder 36 hectáreas de las 127 porque una cláusula del convenio de traspaso del terreno prohíbe la construcción de casas", recordó el dirigente, que se puso a la cabeza de la movilización.

De las gestiones efectuadas en la Legislatura y en el Deliberante resultó que no existe norma que restrinja la ejecución de viviendas en este predio.

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Farizano, indicó que si la provincia quiere, desde el cuerpo legislativo municipal "no tendríamos problemas en habilitar una parte de esas hectáreas para la edificación de casas".

"Lamentablemente -prosiguió- tenemos poca información y no hemos podido conseguir una entrevista con el ministro Lara, pero vamos a insistir".

Los asociados pretenden construir 1.100 viviendas a través del Plan Federal. Salas dijo que el apuro en obtener la tierra reside en que la inscripción al plan vence en noviembre y lo contrario implicará que "muchas familias pierdan la oportunidad de tener una casa propia" .

El dirigente vecinal aclaró que "nadie plantea la toma de estas tierras: queremos pagarlas como cualquier hijo de vecino".

En la movilización participaron hombres y mujeres de clase media y baja, que no se encuentran en condiciones de acceder a préstamos bancarios. Temprano esperaron la respuesta de los legisladores, que precisaron que "ninguna ley prohíbe edificaciones" en este predio.

Farizano les ratificó que el Concejo "no tiene competencia sobre estas tierras" y agregó que lo que existiría es "un convenio entre el Ejército y la provincia sujeto a pautas del gobierno neuquino" al tiempo que indicó que "quien debe resolver el destino de esa tierra es el propietario, que es la provincia".