SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Ejecutivo presentó ayer un proyecto de ordenanza para "regularizar la situación del personal contratado" sin realizar los concursos que exige el Estatuto del Empleado Municipal para el ingreso a planta de cualquier trabajador.

La iniciativa fue recibida con asombro en el Concejo Municipal y generó fuertes cuestionamientos entre los ediles opositores. El más categórico fue el presidente del cuerpo, Marcelo Cascón, quien consideró que el proyecto "tiene un fin claramente electoralista" porque fue presentado "de apuro" para "captar el voto" de unos 900 contratados municipales en los comicios del domingo.

La cifra fue confirmada por el secretario de Gobierno, Adolfo Fourés, quien explicó que después de la incorporación "se van a congelar las vacantes, los ingresos y cambios de categoría serán exclusivamente por concurso y los únicos contratados serán los que necesite temporariamente la municipalidad".

El último blanqueo masivo de personal se produjo sobre el final del gobierno de María del Rosario de Costa, intendente justicialista de extracción sindical que acordó con el Soyem la incorporación a planta permanente de unos 30 trabajadores y colaboradores.

Antes de promediar la tarde el proyecto quedó a merced del fuego cruzado que mantienen el radicalismo y el oficialista Frente para la Victoria por la elección de convencionales constituyentes.

Fourés defendió la iniciativa y contraatacó a Cascón tildándolo de "hipócrita" por cuestionar el blanqueo laboral propuesto cuando "anda por los barrios repartiendo (a la gente) suelditos de 250 pesos en negro para que trabajen políticamente para el radicalismo".

El funcionario admitió que el gobierno y sus socios políticos esperan sacar algún rédito electoral, "como en todo acto político" dijo. Pero negó que el proyecto tenga carácter oportunista porque fue largamente trabajado junto al Soyem y cada una de las áreas del gobierno.

También negó que se trate de una excepción al Estatuto del Empleado Municipal aunque el artículo primero de la iniciativa diga lo contrario.

El escrito dice textualmente "aprobar el ingreso a Planta Permanente del personal contratado hasta el 31 de diciembre y que cumpla tareas propias y habituales de la municipalidad con la metodología que se detalla en los artículos siguientes por única vez y con carácter excepcional".

El proyecto contrapesa la amplitud de la medida estableciendo tres condiciones de "inadmisibilidad": estar sumariado, haber recibido sanciones disciplinarias o no estar apto psicofísicamente.

El Ejecutivo reserva la tarea de evaluación y selección de los trabajadores que serán beneficiados por la medida a una comisión especial integrada por dos miembros del gabinete, dos del Soyem (sindicato municipal) y un eventual invitado del Deliberante.

Cascón advirtió que el proyecto no indica la fecha de ingreso ni la cantidad de trabajadores involucrados, mucho menos la antigüedad y la categoría en que quedarían encuadrados, y tampoco contiene una evaluación de costos ni del impacto presupuestario de la medida.

"El Ejecutivo nos mandó el proyecto vacío de información y documentación indispensable para que podamos avanzar en el tratamiento, ni siquiera prevé la afectación presupuestaria", comentó.