NEUQUEN (AN).- Una decena de diputados fueron ayer a la sede de la Defensoría del Menor y el Adolescente, conducida por Nara Osés, para tomar conocimiento del virtual colapso en que entró el organismo tras un polémico fallo judicial que en los hechos modificó la ley 2302.

Después de la reunión, que se extendió por casi dos horas, legisladores de la oposición insistieron con la necesidad de activar dos organismos de control de la aplicación de la ley, algo que figura dentro del articulado de la normativa, y que no se ha puesto en práctica.

La defensora recibió cerca de las 12.30 al grupo de diputados integrado por Ricardo Rojas (MID), Raúl Radonich (ARI-PI), Oscar Gutiérrez (MPN), Beatriz Kreitman (ARI-PI), Jesús Escobar (Libres del Sur), Herminda Acuña (Apertura Popular), Carlos Moraña (ARI-PI), y Cristina Storioni, Alicia Castoldi e Irma Vargas, todas del MPN.

"Se trata de compartir la gravedad institucional que estamos viviendo, y cómo se pueden aportar soluciones. Y de contarles a los diputados cómo estamos trabajando en medio de este contexto donde se están afectando los derechos de los niños", expresó Osés, en un breve contacto con la prensa, que pudo permanecer en su despacho junto a los diputados antes del comienzo del encuentro.

"La Legislatura es un espacio de interés para la discusión de los derechos y del debate de la independencia del Poder Judicial. Lo fundamental pasa porque se respete la ley (2.302), pero es muy importante que haya un espacio para conversar sobre este tema". agregó.

El avasallamiento de la normativa denunciada por el equipo de la defensoría llegó tras un fallo de la sala II de la Cámara Civil que se puede interpretar como un cambio en la ley.

Surgió en noviembre pasado, cuando la defensoría solicitó que un juzgado de Familia cite a un menor para una entrevista. El juzgado dio lugar, pero ordenó a la defensoría que realice la cédula de notificación.

Osés se negó a hacerlo porque lo creyó contrario a la 2302. Posteriormente apeló un fallo de la Cámara Civil II, que convalidaba la decisión del juzgado. Y es el TSJ quien debe decidir ahora.

Osés ratificó ayer que hay unos 1.000 expedientes que siguen acumulándose por la imposibilidad de realizar la notificaciones, por lo acotado de la infraestructura del organismo.

"La doctora Osés dijo que la resolución no tiene nada que ver con los cinco años y medio anteriores a esta imposición", declaró Moraña a la salida del encuentro.

Al igual que Kreitman, indicó que tratarán de apurar en la Legislatura la puesta en funcionamiento de dos organismos que creó la 2.302: la comisión de interpoderes que evalúa el cumplimiento de la ley, integrada por funcionarios de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Y el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia, y la Familia, ámbito que incluye especialistas designados por todos los bloques legislativos, de forma proporcional a sus bancas. Dijeron que ambas esferas deberían funcionar independientemente del fallo del "TSJ que convalide o vuelva atrás con la actual situación".

Escobar afirmó que "seguimos impulsando el juicio político" al magistrado que dictó el fallo de la polémica, Federico Gigena Basombrío.