Oscar Camilión, ex ministro de Defensa del ex presidente Carlos Menem (1989/99), fue encausado ayer por la Justicia argentina en una causa en la que se investiga el pago de sobresueldos a funcionarios durante su gobierno.

En la causa se investiga el pago de haberes fuera de la ley, calculados entre 50.000 y 100.000 pesos (entonces igual a dólares) durante la gestión de Menem.

El dinero provenía de fondos reservados, sobre los cuales el gobierno no estaba obligado a rendir cuentas.

La Cámara de Apelaciones acusó a Camilión de los delitos de malversación de caudales y peculado y, en la misma resolución, encausó al ex jefe de asesores de la jefatura de Gabinete Rodolfo Aiello por administración fraudulenta.

Los camaristas entendieron que en su gestión al frente de la cartera de Defensa, entre abril de 1993 y julio de 1996, Camilión dispuso "el desvío" de partidas de fondos reservados.

La Cámara acusó a Camilión de destinar el dinero a pagar sobreasignaciones a terceros y también de cometer la "sustracción" del erario público de 30.000 pesos por mes para su persona, indicó una fuente judicial.

La medida fue dispuesta por la Cámara Federal porteña, que al mismo tiempo procesó por supuesta "administración fraudulenta" de bienes públicos el ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete Rodolfo Aiello -que trabajaba a las órdenes del entonces titular del área, Jorge Rodríguez-, señalado por varios testigos como el encargado de abonar los sobresueldos.

Precisamente, varios de los funcionarios que recibieron esas sumas, entre ellos el propio Rodríguez, el ex ministro de Trabajo José Armando Caro Figueroa y el ex viceministro de Economía Carlos Sánchez, fueron beneficiados con "falta de mérito" porque no se pudo comprobar que supieran del origen "ilícito" del dinero ni tampoco que participaran de la maniobra.

Ayer, sin embargo, Camilión y Aiello quedaron procesados y al borde del juicio oral por orden de los jueces de Sala II de la Cámara Federal porteña, quienes a fines de 2005 habían desprocesado a los mismos imputados por entender que sólo habían "administrado mal" el dinero público.

Se les dictó entonces la "falta de mérito", pero ahora, tras las apelaciones, los camaristas Eduardo Luraschi, Horacio Cattani y Martín Irurzún revisaron nuevamente esa decisión y, a la luz de las nuevas figuras penales investigadas, procesaron a Camilión y a Aiello.

Según el fallo al que accedió la agencia DyN, "el aumento para los funcionarios públicos no estuvo destinado a tal o cual persona por algún motivo particular, sino a todos aquellos de mayor jerarquía laboral fuera del escalafón administrativo y en razón de su cargo, es decir, en y por el ejercicio de su función pública".

Así, Camilión, ministro de Defensa entre 1993 y 1996, tuvo a su cargo partidas reservadas pero las uso "con un destino distinto" a la norma para "el pago de las sobreasignaciones salariales": por ello hubo "una sustracción de esos fondos", dice el fallo.

Se le atribuyó "el desvío de partidas asignadas a atender fondos de carácter reservado -cuya administración se encontraba a su cargo- para abonar sobreasignaciones salariales a personas que allí se desempeñaban", dijeron los jueces, que resaltaron que "la suma mensual retirada por el imputado no puede ser considerada incluida en la finalidad remuneratoria declarada". Fue por eso que quedó procesado por los artículos 260 y 261 del Código Penal, que imponen hasta 10 años de cárcel para el que sustrajere caudales públicos que debía custodiar.

Además la Cámara procesó por supuesta "administración fraudulenta" a Rodolfo Aiello, jefe de asesores del subsecretario de coordinación de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación -luego Jefatura de Gabinete-, por ser "al menos uno de los encargados de entregar mensualmente dinero de fondos reservados en el marco del sistema compensatorio salarial ideado por las máximas autoridades del Estado Nacional".

Según el fallo, se entregaban mensualmente a "cada ministerio o secretaría" unos 100 mil a 50 mil pesos respectivamente, "para que su titular la distribuyera entre los funcionarios de su respectiva cartera de modo discrecional, siendo recibidos directamente por los titulares o por quienes eran enviados por ellos".

(Télam y DyN)