BUENOS AIRES- El ex juez Juan José Galeano, quien durante nueve años manejó la causa AMIA, fue procesado por graves delitos cometidos en la investigación del atentado, junto a dos ex fiscales, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, dos funcionarios de la central de espías y el primer detenido del caso, Carlos Telleldín, quien recibió 400 mil dólares para hacer una declaración "a medida".

Así lo resolvió el juez federal Ariel Lijo quien, en una resolución de 413 páginas, pasó revista a las serias anomalías que se cometieron en la instrucción para acusar sin pruebas a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta-bomba que se usó para volar la mutual judía, el 18 de julio de 1994, donde murieron 85 personas.

Galeano fue procesado como "partícipe necesario del delito de peculado", autor de "coacción reiterada" contra dos testigos de identidad reservada, "falsedad ideológica de documento público", "privación abusiva de la libertad reiterada" contra cuatro policías absueltos y "prevaricato", todos en concurso real.

Lijo pasó revista a las pruebas, testimonios y documentos que permitieron llegar a su conclusión, pero no dejó toda la responsabilidad en manos de Galeano sino que también atribuyó a Anzorreguy la responsabilidad en la maniobra del pago de 400 mil dólares a Telleldín, dos años después de la explosión, para prestar una declaración en la que inculpó a los ex policías Juan Ribelli, Raúl Ibarra, Mario Bareiro y Anastasio Leal, absueltos hace casi dos años en un juicio oral.

Hubo "una clara distribución de tareas entre Galeano y Anzorreguy, por cuanto el primero dispuso las medidas necesarias para materializar las entrevistas y el segundo puso a su disposición el personal necesario y el equipo suficiente para que se concreten" el pago recibido por Telleldín para prestar la declaración incriminatoria, dijo el magistrado.

Y consideró que Telleldín no fue una víctima presionada por el poder del juez que, desde hacía casi dos años, lo tenía detenido como principal sospechoso de vender la camioneta-bomba: el video robado del despacho de Galeano años después dejó "patentizada la negociación entre el juez Galeano y el imputado con el objeto de que éste declarara en la causa que había entregado la camioneta a los policías", afirmó el magistrado.

Para el juez, Telleldín ocupó un "rol esencial que tenía en la maniobra", e incluso "fue acordando brindar la información convenida previamente, a cambio de un incentivo monetario".

Añadió que "su ámbito de voluntad fue tan amplio, que inclusive se permitió imponer determinadas condiciones para que se pueda concretar la maniobra". Esta maniobra contó con la complicidad del ex mandamás de la comunidad política judía, Rubén Beraja, dijo el juez.

El ex banquero -señaló- "estaba al tanto de las negociaciones que estaba realizando Galeano con Telleldín y las condiciones que exigía este último para poder concretar su declaración".

Precisamente, en el marco del pago irregular que hizo la SIDE, quedaron también procesados por "peculado" la esposa de Telleldín, Ana Boragni, y su abogado, Víctor Stinfale, quienes recibieron el dinero de los espías, mientras el ex reducidor de autos esperaba en el despacho del juez el llamado de ambos diciéndole que el dinero había sido depositado y que, por ello, podía empezar la declaración que derivó en la detención.

También fueron procesados los altos jefes de la SIDE Patricio Miguel Finnen y Alejandro Alberto Brousson, señalados como los organizadores "operativos" de la SIDE para concretar el pago.

La dura resolución incluyó la lista de embargos: a Galeano, tres millones de pesos; a Anzorreguy, Finnen y Brousson, un millón y medio; a Beraja, un millón; a los ex fiscales, 500 mil pesos, y a Telleldín, su esposa y su abogado, 300 mil pesos.

A los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el juez Lijo los procesó por participar en la privación "abusiva" de la libertad de los policías que estuvieron presos durante años.

"Los fiscales conocían la intención, la idea o el 'plan' del juez y lo convalidaron" al "consolidar mediante las pruebas irregularmente obtenidas una imputación contra Ribelli, Ibarra, Bareiro y Leal que directamente los privó de su libertad", dijo.

Además, en el último punto, Lijo ordenó un careo entre Galeano y quien fue su secretario, Claudio Lifschitz, quien precisamente ventiló todas las irregularidades que dieron origen a esta compleja investigación. (DyN)