SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La toma de juramento a dos nuevas secretarias del fuero Penal fue aprovechada por el juez Luis Lutz para reunirse con funcionarios, magistrados y policías, y dar un nuevo impulso a la Reforma Procesal implementada en la provincia, hasta este momento a medias.

Tras el acto formal, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Luis Lutz, la procuradora General Liliana Piccinini, el secretario de Seguridad Miguel Bermejo, y el jefe de Policía, Jorge Ucha, se reunieron en el hotel Edelweiss con los fiscales, jueces de instrucción y oficiales superiores de la Policía, para profundizar aspectos de la Reforma que hasta el momento todavía están sólo en la letra de la Ley 3.794.

La ceremonia de jura de las secretarias María Alejandra Bartolomé y Romina Lía Martini sirvió para que Lutz invitara a los funcionarios presentes, entre los que incluyó al intendente Alberto Icare y a los abogados, "a redoblar los esfuerzos para que no exista una sociedad insatisfecha como la que hay en este momento, donde a veces tratamos de deslindar las responsabilidades propias o trans- ferírselas a otros. Cuando el Estado es uno solo, esas responsabilidades son concurrentes y no podemos desentendernos en función de aspectos formales", subrayó el magistrado, y agregó que "cada demanda de justicia de la sociedad tiene que tener una respuesta concreta y eficiente".

La reunión de Lutz y Piccinini con jueces, fiscales y jefes policiales se desarrolló en un ámbito cerrado del hotel Edelweiss, pero antes, en diálogo con "Río Negro", el magistrado anticipó que la charla obedecía al interés de avanzar en aspectos que hacen a la seguridad jurídica y ciudadana, y conforme a una disposición de la Procuración General, que no tenían puntos de contacto con la reciente ocurrencia de preocupantes hechos delictivos en esta ciudad.

Lutz explicó que desde el dictado de la Constitución rionegrina y la implementación del juicio oral y público, en 1988, la Provincia comenzó a encaminarse hacia el proceso acusatorio, que en la actualidad consagran los Pactos Internacionales y la Constitución Nacional de 1994. Estos avances determinan un mayor protagonismo de los fiscales en la investigación criminal, y se orientan hacia la existencia de un juez imparcial, de garantías, en lugar del actual juez de instrucción, que investiga en función de sospechas.

Durante la reunión de trabajo la procuradora General Liliana Piccinini destacó la necesidad de "complementar funciones, actuar con eficiencia dentro de la legalidad y tutelar a la víctima del delito, dentro de la responsabilidad constitucional de ejercer la acción pública.