VIEDMA (AV).- El segundo semestre siempre requiere en el Estado rionegrino un repaso del nivel de erogaciones. Este ejercicio arrojó un importante incremento de los gastos públicos por alquileres de edificios y de viviendas, que se aproximaría al 70 por ciento.

En el presupuesto 2006 se asignó por esos conceptos un monto anual de unos 6,2 millones, pero hasta julio se había comprometido 5,1 millones, es decir, más del 80 por ciento. No es menos cierto que un alto porcentaje de esos registros comprende partidas para alquileres futuros.

También, una razón del importante despegue de esas erogaciones está motivada en la suba del costo de los alquileres, que oscilaría de un 25 al 30 por ciento en lo que va del año, según estimaciones de las inmobiliarias.

Sin embargo, la explicación central se corresponde en el aumento de las locaciones que registra el Estado provincial.

Algunos ejemplos recientes lo atestiguan.

Un grupo privado -cuyo registro oficial figuraría a nombre de Rubén Miotti- concluyó un edificio de tres pisos frente a Plaza San Martín. Rápidamente, Gobierno alquiló dos pisos para su secretaría de Seguridad, con un costo mensual que rondaría los 15 mil pesos.

Además, otra característica de Viedma indica que un hotel cerrado, pasa a ser un inmueble que contrata el Estado. Por caso, el ex-Provincial -propiedad del abogado Tomás Rébora- es la sede principal del Ministerio de Familia (que sigue planificando su edificio en calle Tucumán y 7 de marzo, el corralón municipal). El ex hotel Comahue -que adquirió el abogado Jorge Cámpora- está transformado en oficinas judiciales para fiscalías, defensoría y la Procuración General.

Ahora, el ex residencial Luis Eduardo se convirtió en oficinas de la Unidad Ejecutora Provincial.

Estos ejemplos viedmenses se repiten en otras ciudades, que advierten -en menor medida- que el Estado revitalizó su papel de locatario. Una situación que se confirma con las ejecuciones de erogaciones.

La Legislatura amplía su sede en Viedma para suspender contratos destinados a distintas dependencias.

Este Poder ya comprometió unos 180 mil pesos, un 43 por ciento más que igual período del año pasado.

La Justicia concentra gran parte de los alquileres estatales, después de la cartera educativa y de Gobierno. Ese Poder mantiene el promedio de suba de las erogaciones provinciales, con un 70 por ciento. Construye actualmente los tribunales de General Roca que permitirán reducir esos costos.

El Estado es locatario por inmuebles para sus organismos públicos y también alquila para funcionarios y técnicos.

Hasta julio pasado, la provincia comprometió (gasto a pagar) un monto de 5,1 millones, de los cuales, el 82 por ciento pertenece a alquileres de edificios y el resto es para viviendas. Su comparación con iguales compromisos en los primeros siete meses del 2005 arroja un incremento del 68,7 por ciento. Las subas son dispares.

El alza por inmuebles para dependencias superó el 75 por ciento mientras las erogaciones para viviendas rondó el 42 por ciento.

El liderazgo de costos por alquileres corresponde a Educación, que explica en contratación de edificios y clubes para prácticas físicas de los alumnos.

En cambio, las mayores incrementos porcentuales se detectan en Salud, con un 289 por ciento, en Secretaría General con 139% y en Gobierno, con un 114 por ciento. Este último ministerio se transformó en el segundo mayor locatario, desplazando incluso a la Justicia.