La Iglesia católica reclamó ayer políticas de Estado para evitar el "creciente proceso de extranjerización" de tierras productivas y cuestionó la falta de una legislación que frene la "expulsión" de aborígenes y productores rurales de sus lugares de origen.

"El problema de la tierra debería ser considerado política de Estado, porque es una problemática amplia que toca a los aborígenes, a los productores rurales, a la vivienda urbana, y también se vincula al tema del agua", dijo ayer monseñor Marcelo Melani (Neuquén), presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen.

Minutos antes de presentar el documento "Una tierra para todos" en la sede del Episcopado, dos obispos y uno de los redactores anticiparon los porqué del texto que critica la "extranjerización" de espacios rurales y alerta sobre la concentración de la propiedad en pocas manos. "No hay legislación sobre extranjerización, se han hecho proyectos pero todos han caducado", se quejó monseñor Jorge Lugones (Orán). En tanto, Germán Bournissen subrayó que se percibe "un preocupante" proceso de concentración y reveló que grupos económicos, que evitó identificar, "presionan" a pequeños productores rurales y aborígenes a dejar sus tierras para establecer "emprendimientos empresariales".

Los tres evitaron, sin embargo, vincular la presentación del documento con el reciente incursión del subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D'Elía, que propicia la expropiación de tierras, en una finca del empresario estadounidense Douglas Tompkins en Corrientes.

Además de Melani y Lugones, la presentación del documento contó monseñor Jorge Casaretto (San Isidro), presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que junto con Cáritas Argentina participaron de la redacción del texto, que incluye en más de cien páginas estadísticas oficiales y privadas.

La iniciativa "pastoral" retoma la idea de la reforma agraria para una mejor distribución y, aunque condena la apropiación indebida, fomenta la concepción religiosa del destino universal de los bienes creados por Dios.

El documento critica la falta de política estatal para equilibrar la distribución de terrenos rurales, y lamenta que los sucesivos gobiernos no saldaran la "deuda histórica" con los pueblos originarios, a pesar del rango constitucional que el derecho a las tierras tradicionalmente ocupadas tiene desde hace una década.

Las estadísticas recientes -que cita el diagnóstico eclesiástico- revelan que de un total de 900 comunidades indígenas, dos tercios no tienen títulos de propiedad de sus tierras y que el problema es "preocupante" en las provincias de Salta y Neuquén.

Los datos reflejan también sobre "la venta de derechos de posesión de pequeños productores empobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras".

Para revertir esta tendencia, los obispos proponen generar políticas fiscales que favorezcan el uso racional y eficiente de la tierra, propiciar una estructura tributaria diferenciada que grave la tierra ociosa y el latifundio, y desarrollar un sistema catastral que simplifique los procedimientos de regularización dominial.

También sugieren acortar procesos burocráticos innecesarios para asegurar transacciones de propiedades transparentes y verificables, revisar las leyes de usurpación, y diseñar políticas ágiles que permitan el traspaso de tierras fiscales a la población carenciada que las ocupa. (DyN)