La conducción nacional de la UCR y los distritos de los llamados radicales "K" continuaron ayer con su pulseada por el control partidario, en medio del debate interno entre quienes están más cerca del gobierno nacional y los que impulsan el armado de una coalición opositora.

Ayer, el radicalismo de la provincia de Río Negro salió al cruce de los pedidos de intervención del comité local y rechazó "las ambiciones hegemónicas internas de las actuales autoridades nacionales del Partido", en directa alusión al titular del Comité Nacional, Roberto Iglesias.

También, los radicales rionegrinos cuestionaron, a través de un comunicado, "la resolución de la Convención Nacional de Rosario del 26 de Agosto del 2006" y apuntaron que la misma "se ha constituido en un instrumento de presión sobre la autonomía de las conducciones partidarias provinciales".

El miércoles, el Comité Nacional de la UCR admitió que estaba analizando la intervención del partido en Mendoza, Río Negro y Santiago del Estero, a la que podría sumarse Corrientes- precisamente provincias gobernadas por radicales pero con buena sintonía con el presidente Néstor Kirchner.

El oficialismo radical, que ejerce el control formal del partido pero no gobierna ninguna provincia, analizaba aplicar las referidas medidas por supuestos incumplimientos a lo decidido en la última Convención nacional.

En este sentido, Iglesias justificó la decisión de no intervenir el comité partidario de Mendoza en que "los distritos no tienen porque pagar por los desvíos de conducta de sus afiliados, aunque se trate del gobernador (por Julio Cobos)".

Aplicada dicha afirmación a la jurisdicción rionegrina, se traduce como que el radicalismo de la provincia gobernada por Miguel Saiz debería poner las "barbas en remojo" dado que (a diferencia de la situación mendocina) en Río Negro el comité provincial sigue en su gran mayoría la decisión de su mandatario de plegarse a la concertación con el kirchnerismo.

Iglesias no quiso anticipar la decisión a tomarse en los dos casos pendientes de pedido de intervención, el de Río Negro y el de Santiago del Estero (negó que hasta ahora exista la presentación formal por un tercero como había trascendido), porque dijo no conocer los planteos a fondo, pero al mismo tiempo advirtió que existe un "enojo creciente de la militancia que exige que se tomen medidas categóricas con quienes no acatan las decisiones de la conducción partidaria".

En ese orden, señaló a "Río Negro" que se pueden aplicar desde "intervenciones" de distritos hasta "suspensión" de afiliaciones.

Hace dos semanas en Rosario, la Convención Nacional resolvió que podrán tomarse las medidas "administrativas o jurisdiccionales" que sean necesarias con los distritos rebeldes a la línea consensuada por la mayoría de los convencionales que fue de oposición al gobierno nacional.

"Somos una estructura federal que toma decisiones en el ámbito institucional que corresponde, las que tienen que acatar todos los integrantes del partido", recalcó ayer Iglesias.

El ex gobernador de Mendoza, también le respondió al titular del Comité rionegrino y ex gobernador Pablo Verani, así como a su vicepresidente Jorge Pascual -quienes rechazaron que existan razones para una intervención del distrito-. "Cada uno puede decir lo que quiera, a nosotros no nos preocupa: primero hay que ver que responde el Comité Nacional y entonces resolveremos sin caprichos de acuerdo a lo que corresponda".

Al pedido de intervención del distrito mendocino rechazado en la víspera le seguirá el tratamiento (posiblemente la semana que viene de los casos de Río Negro y Santiago del Estero).

"Ambos ingresaron anteayer indicó Iglesias-, tendrán que analizarlo los apoderados del partido realizando los estudios legales que correspondan y luego el Comité nacional decidirá desde el punto de vista "político" y "jurídico".

La cuestión de Mendoza surgió a partir del acto en el que el presidente "agravió" a la UCR ante la pasividad y hasta los aplausos del discurso por parte de Cobos, detalló Iglesias, quien insistió en que sin embargo el comité provincia no adhirió al acto por lo que se consideró que no tenía que "pagar" por la actitud de un afiliado, aun cuando sea el gobernador. (ABA/DyN/Télam)