LAMARQUE (AVM).- El proceso judicial que siguió al asesinato del joven Antonio Acosta, ha sido uno de los más complejos de los que se recuerden en la zona. Tal es así, que pasó por la mano de media docena de jueces y aún no ha finalizado.

Días atrás se supo que el fiscal del caso, Gerardo Grill, entendió que no hay méritos para el juzgamiento de Damián Dilge y Maximiliano Destruel, quienes permanecen detenidos por el caso, y pidió el sobreseimiento y la excarcelación de ambos.

Ante esto los padres del joven asesinado pidieron acceder a la causa y se dieron cuenta que faltaba parte del expediente de la causa. Esta situación había sido además denunciada por el secretario del juzgado penal Nº 30, Guillermo Bodrato, según consta en una nota adjuntada en el expediente.

Por esta razón, ayer por la mañana los padres del joven -María Huinca y Sebastián Acosta- hicieron una presentación ante la superintendencia del Consejo de la Magistratura en Roca. Se trata sin dudas de un hecho complejo, que puede tener repercusiones importantes en el ámbito judicial.

María Huinca indicó que se denunció esta irregularidad, dado que fueron sustraídas entre cuatro y seis fojas del expediente, que van desde la 2.998 hasta la 3001 o 3003. La importancia de esos pliegos radica en que en ellos, la anterior fiscal del caso Marisa Bosco, argumentaba en contra del pedido de sobreseimiento y excarcelación pedido por los abogados de Destruel y Dilge. Pero además, en esos escritos el juez Darío Soto hacía lugar a lo argumentado por Bosco.

Huinca mencionó que se pudieron rescatar copias de esas actuaciones, a través de las fotocopias que tenían las partes. Pero la presentación de los padres del joven asesinado a fines de 2000 no terminó allí, ya que en el expediente de la causa figuran notas como que ellos habían recibido distintas notificaciones sobre el movimiento del proceso. Según Huinca estas notificaciones nunca llegaron.

Con respecto a la actuación de Grill, la mujer señaló que "podría llegar a ser motivo de investigación, según le mencionaron desde la superintendencia, ya que el pedido de sobreseimiento atentaría contra la igualdad de criterios que deben tener los ministerios públicos, ya que su pedido va en contra de las actuaciones e interpretaciones realizadas previamente por la fiscal natural de la causa, Marisa Bosco".

Por eso, esta presentación de la familia Acosta, que fue inmediatamente enviada al Consejo de la Magistratura en Viedma.