SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- Tal como lo había anunciado, el municipio llevó a la Justicia su diferendo con el gobierno provincial por el incumplido compromiso de transferir el cerro Catedral.
El asesor letrado del Ejecutivo barilochense, Manuel Vázquez, presentó el lunes un mandamus ante el Superior Tribunal de Justicia en el que denuncia el vencimiento de los plazos impuestos por ley hace más de dos años para hacer efectiva la municipalización del cerro.
Acompañó el escrito con una comunicación aprobada en junio, con el voto unánime de los concejales, en la cual se pedía a la Legislatura y al Ejecutivo provincial que den cumplimiento "en forma inmediata" a la obligación de ceder las tierras y concesiones del centro invernal.
El entredicho que llega ahora a la justicia incluyó un largo intercambio de imputaciones y excusas que inevitablemente aparecen influenciadas por la próxima elección de convencionales municipales.
Esa politización quedó sobre la mesa durante un encuentro realizado aquí hace 15 días entre las autoridades locales y el gobernador Miguel Saiz, quien recordó que ya había presentado dos veces el proyecto de municipalización a la Legislatura y dio por seguro que la ley resultará aprobada.
Aun así la indefinición siguió despertando sospechas en el gobierno municipal hasta que el intendente Alberto Icare resolvió apelar al mandamus para lograr el cumplimiento de la ley.
La llamada "readecuación" del contrato de concesión que liga a la provincia con la empresa CAPSA para la explotación de los medios de elevación en el Catedral fue firmada el 16 de febrero de 2004.
En su artículo 26, inciso 1, establece que la empresa "deja expresa constancia que acepta en forma irrevocable la transferencia de titularidad del contrato de concesión por parte de la concedente a favor de la municipalidad de la ciudad de San Carlos de Bariloche, la cual se producirá en un plazo no mayor de 24 meses contados a partir de la vigencia del presente".
El mismo compromiso quedó refrendado por un "convenio de municipalización" firmado por Saiz e Icare el mismo 16 de febrero.
El contrato fue ratificado por la ley 3.825 sancionada el 27 de febrero de 2004, promulgada una semana después por el decreto 183/04 y publicada en el boletín Oficial el 17 de mayo de ese año. De modo que en cualquier interpretación los 24 meses ya están largamente vencidos.
Así lo recordó Icare en una nota que le envió al gobernador el pasado 26 de julio. "Requerimos su urgente respuesta, dadas las importantísimas implicancias políticas, sociales y económicas que conlleva esta demorada transferencia del contrato de concesión", exigió el intendente en aquel escrito.
Más abajo le anticipó a Saiz que "en caso de silencio o rechazo" el municipio plantearía la demanda por vía judicial.
Días antes la relación se había enrarecido aun más con un decreto provincial que por esos días pretendió "delimitar" atribuciones y facultades en el Catedral. Algunos de sus artículos le impedían al municipio cobrar tasas y participar de la planificación urbanística del cerro.
Lo que reclama el gobierno comunal es el pleno dominio de las 1.920 hectáreas y la titularidad de las concesiones vigentes sobre el cerro.
La concreción del traspaso le permitiría al municipio acceder de inmediato al cobro del canon que paga CAPSA y que este año supera los 1.400.000 pesos, además de asegurarse la directa participación y tutela sobre los futuros desarrollos inmobiliarios de Catedral.
