El juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer la invalidez e inconstitucionalidad del indulto que exculpó al dictador Jorge Rafael Videla por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, por lo que el octogenario ex general podría ser finalmente condenado.

Fuentes judiciales informaron que la indulgencia que ahora fue anulada por Oyarbide puso fin a los cargos que pesaban contra Videla en 1990, cuando la Fiscalía ya había reclamado una pena de prisión para el dictador por su presunta responsabilidad en el secuestro de Federico Gutheim y su hijo Miguel.

Por eso, Oyarbide rechazó el planteo en el que la defensa argumentó que Videla quedó sometido a un doble juzgamiento.

El magistrado aclaró que su decisión no hace más que reanudar una investigación penal paralizada hace casi 16 años por efectos del indulto 2741, firmado por el entonces presidente Menem.

Según las fuentes, el juez valoró una serie de circunstancias y antecedentes: recordó que la Corte Suprema de Justicia estableció que los delitos de lesa humanidad nunca prescriben, por lo que entendió que no es posible otorgar un indulto por un crimen que continúa cometiéndose.

Además, Oyarbide dijo que los pactos internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional en la enmienda de 1994 obligan a los Estados a sancionar crímenes contra la humanidad y, además, destacó que los empresarios Gutheim, dueños de una fábrica de algodón, fueron secuestrados por fines económicos.

Sucede que en la investigación estaría acreditado que los empresarios fueron ilegalmente detenidos para que, bajo extorsión, activaran exportaciones de productos textiles para satisfacer expectativas que tenía el entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz, en el mercado de Hong Kong.

Justamente el lunes Oyarbide anuló, por inconstitucionales, los indultos concedidos a Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy en el marco del proceso por el doble secuestro.

Los acusados "detentaban en aquel entonces los máximos poderes del país", explicó Oyarbide en declaraciones a la prensa.

Videla, que tiene 81 años de edad, cumple prisión domiciliaria como presunto responsable del Plan Cóndor, que coordinó la represión ilegal en naciones del Cono Sur, y el robo sistemático de hijos de desaparecidos, entre otros procesos penales.

Además, se presume que la Cámara Federal porteña en pleno decretará la inconstitucionalidad de los indultos mediante los que Menem dejó sin efecto las condenas dictadas en el histórico Juicio a las Juntas, en el que el ex dictador fue sancionado con la pena de reclusión perpetua.

Beneficiado por el perdón presidencial, Videla sólo cumplió cinco años de una condena que, en realidad, consistía en la máxima pena.

No obstante, en junio de 1998 Videla fue encarcelado nuevamente por la apropiación de bebés nacidos en cautiverio. Los acusados apelarán las resoluciones de Oyarbide ante la Cámara Federal porteña, y por vía de impugnaciones el caso podría ser analizado por la Corte Suprema de Justicia.

Menem perdonó en 1989 a 212 militares y 57 integrantes de agrupaciones armadas, en tanto que en 1990 dictó indultos en favor de los ex jerarcas de la dictadura condenados por la justicia civil en 1985 y del líder de la guerrilla peronista Montoneros, Mario Firmenich.

La anulación de los indultos es un nuevo paso en el juzgamiento de los hechos del terrorismo de Estado, tras la nulidad en el 2003 de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987).

(DyN y Télam)