VIEDMA (AV)- Anses finalmente aceptará a los retirados de Río Negro, pero la provincia deberá pagar 60 millones de pesos.

Los beneficiarios del decreto 7/97 serán transferidos -seguramente- ya este año a Nación aunque el organismo previsional requiere los aportes correspondiente a los casi 1.200 retirados. Una estimación técnica de la Anses indica que ese costo rondará los 60 millones de pesos.

Mañana, el secretario General de la Gobernación, Francisco González, negociará el convenio de transferencia con el secretario general de Anses, Amado Boudou, segundo del organismo federal. También concurrirá el titular de la Función Pública, Carlos Oliva.

Hay dos acciones políticas en marcha. Será el gobernador Miguel Saiz quien sellará ese acuerdo con el presidente Néstor Kirchner y el presidente de la Anses, Sergio Massa.

Además, el senador Miguel Pichetto asumió con particular convicción la gestión del traspaso de los beneficiarios del decreto 7.

Una muestra es que la Anses priorizará esta medida entre otras acciones que Río Negro también solicita, como los convenios de la jubilación especial a la justicia (a los 60 años y el 82% móvil) y del régimen donde la provincia facilitará la jubilación a desocupados con adhesión a la moratoria impositiva.

En 1997, en el marco de la reformulación estatal, Río Negro instrumentó el régimen del decreto 7 que permitió el retiro con 20 años de servicios (8 años debían ser en el Estado provincial o municipal) y una edad mínima de 45 años, que podía ser menor con más años de servicios. Este sistema nunca fue aceptado por Anses.

El traspaso propuesto también conformará un debate con los retirados. Algunos tienen temores, por ejemplo, acerca de cuál será el monto del beneficio que abonará la Anses.

La provincia garantiza que el haber se mantendrá con la asignación actual y luego se incorporará al esquema previsional.

El organismo nacional aceptará la transferencia pero requiere el pago pendiente y futuro de los aportes previsionales, cuyo monto se estimó en 60 millones de pesos.

Río Negro negoció ese pago en cinco años, es decir, un millón por mes. Equivale a menos de lo que hoy desembolsa el Estado para cubrir los pagos mensuales por esos retiros, dicen en el gobierno de Saiz. Además, se prevé intentar que el plan de pago alcance los 10 años.

Además, las autoridades promocionan esa cesión para garantizar los derechos previsionales, reactualizando una advertencia que sostenían los opositores al régimen de los retirados del decreto 7 cuando se formalizó el traspaso de la Caja de Previsión. Obviamente, el gobierno en esa ocasión defendía el esquema con el argumento que concluiría con una jubilación ordinaria.

La negociación de Río Negro con Anses se concreta cuando se revisa la política remunerativa de los retirados. Para eso, la Legislatura constituyó una comisión con funcionarios del Ejecutivo, diputados y beneficiarios. Se actualizaron este año los haberes, aunque los beneficiarios sostienen el reclamo que se sustenta en el cuestionamiento a la liquidación previsional inicial.

Esa comisión conforma la instancia política. Por ahora, la judicial fue desfavorable para los beneficiarios. Durante este año, la Cámara en lo Laboral de Viedma -integrada por Roberto Maturana, Ernesto Rodríguez y Ricardo Rodríguez Aguirrezabala- desestimó una demanda de retirados que pretendía una reformulación de sus haberes. El tribunal aceptó el cálculo establecido para definir el haber y destacó que el régimen fue voluntario. "No se puede ahora cuestionar las disposiciones a las se acogieron voluntariamente y pretender modificar su beneficio", expresaron los jueces.