SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El grave problema de la deserción escolar y en especial entre los jóvenes adolescentes con riesgo social de Bariloche, parece haber saltado en estos días a los primeros lugares de las agendas políticas.

Tras algunos anuncios, aún inorgánicos, por parte de la cartera de Educación provincial formulados la semana pasada, se sumó ahora un proyecto de la legisladora del bloque justicialista, Ester Acuña, que propone un plan de capacitación laboral y reinserción educativa para jóvenes "que por diversas situaciones se encuentran excluidos",

Antes de estos anuncios, este diario publicó la semana pasada un informe que daba cuenta de la altísima deserción en el ciclo educativo medio, que alcanzaba hasta 90% cuando se trataba de las escuelas de adultos, donde también 90% correspondía a jóvenes de 17 a 23 años.

El proyecto de Acuña, apunta en parte en ese sentido, contemplando el otorgamiento de becas mensuales del orden de los 250 pesos para quienes se inserten en el Programa de Capacitación Laboral y el Programa Piloto de Reinserción Educativa, que tendrá como objetivo la terminación del ciclo de estudios secundarios.

La financiación de este plan quedaría a cargo de la provincia y, según la legisladora, permitiría rescatar 1.500 jóvenes con un costo de aproximadamente 4 millones de pesos anuales. El origen de los fondos -de acuerdo con el proyecto- serían los recursos que genera el impuesto a los ingresos brutos que se aplica a la actividad hotelera de Bariloche, el canon por la explotación del Cerro Catedral percibido hasta ahora por la provincia, los fondos nacionales del Programa Incluir, aportes nacionales y recursos municipales destinados a ese efecto.

En relación con la fuente de financiación, Acuña recuerda en los considerandos del plan que en 2005 se repuso la aplicación de ingresos brutos a la actividad hotelera -que había sido desgravada en 1996- y esa medida ha derivado en un fuerte incremento en la recaudación del gravamen, en el orden de 50 millones de pesos.

El proyecto supone la creación de una Unidad de Coordinación que estará integrada por representantes de las carteras de Familia, Educación, Trabajo y Seguridad y Justicia y tendrá a su cargo administrar los recursos, definir quiénes serán los beneficiarios y efectuar un monitoreo permanente del programa.