NEUQUEN (AN)- Los trabajadores del Centro de Atención a la Víctima y de la dirección General de Política Criminal reclamaron un aumento de emergencia de 400 pesos y una reunión "urgente" con la ministro de Seguridad, Susana Arévalo. "Hace 14 años que no recibimos aumento salarial" por lo que el deterioro de sus ingresos "ha sido y es estrepitoso", dijeron en un comunicado.
Los empleados estatales de esos organismos dependen del ministerio de Seguridad. Su trabajo, explicaron, "tiene que ver con la atención, contención física, psicosocial y jurídica de las víctimas y victimarios".
Roque Pereyra, Adriana Mont y Ana María Chaina señalaron en el comunicado que "nos encontramos en estado de emergencia salarial y hacemos pública la situación de angustia e impotencia por la que estamos atravesando".
Señalaron que "el gobierno provincial está implementando con bombos y platillos un mega plan de seguridad, pero paradojalmente agravia y victimiza a los mismísimos empleados del Ministerio de Seguridad".
Añadieron que desde hace 14 años se les niega "un salario digno, acorde a nuestra tarea y al costo de vida vigente" por lo cual se sienten "objeto de un profundo maltrato institucional".
Sumaron a ello "la precariedad laboral que atraviesan los compañeros contratados, que constituyen en algunos casos el 50 por ciento del recurso humano existente".
"Manifestamos nuestro repudio por las condiciones de miseria salarial a las que somos sometidos y al maltrato institucional que recibimos desde hace 5.120 días", afirmaron. "Percibimos una media de 460 pesos de básico, cuando la canasta básica está valuada en 1.100, tenemos una antigüedad promedio de 10 años. Esto sin dudas es humillante para nosotros y vergonzoso para un estado provincial que se jacta de ser confianza y a la vez modelo de exportación a nivel país".
Pese al cuadro que describen "seguimos trabajando" porque "necesitamos el trabajo y además tenemos un compromiso social. Sabemos que la protección de las víctimas, así como la atención de las personas que han cometido delitos, es un derecho constitucional y por lo tanto una obligación indelegable del estado".
En su tarea cotidiana "en forma permanente transitamos y nos exponemos a enormes riesgos, dificultades y peligro que podrían atentar contra nuestra integridad física y psicológica; sin embargo esta situación no es reconocida ni valorada en su total dimensión por todas las autoridades provinciales".
