La crisis que atraviesa la compleja realidad carcelaria, y en particular el paradigma resocializador, conduce a profundizar la implementación de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad. Lo cual lleva a reducir la inflación carcelaria y a aliviar las tensiones generadas por la superpoblación, haciendo de la prisión un último recurso asignado a los casos de mayor gravedad social.

Entre tanto, respecto de nuestras cárceles y nuestros presos de cada día, es posible apelar a la "estrategia de la visibilidad". Según aquélla, la eficacia de un sistema de garantías descansa en el grado de visibilidad del destinatario de protección. De modo que cuanto más abiertos y transparentes sean los lugares de detención, más fácil será el control de lo que sucede en su interior.

Así fue entendido por la Asamblea General de las Naciones Unidas al adoptar el texto del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en diciembre del 2002. Su objetivo apunta a posibilitar un sistema regular de visitas a los lugares de detención sin la necesidad de contar con el consentimiento previo de sus autoridades.

Visitas que conducen a tomar contacto privado con los detenidos, a inspeccionar las instalaciones y a revisar la reglamentación vigente y la imposición de sanciones administrativas en su interior. Se trata, en síntesis, de una estrategia de acción tendiente a monitorear el día a día de dichos establecimientos y a denunciar la existencia de las irregularidades y abusos advertidos.

De lo que se trata, entonces, es de poblar el interior de la realidad carcelaria. Y no a partir de un incremento de sus detenidos, sino mediante su escrutinio por parte de la sociedad civil a través de mecanismos similares a los previstos por el Protocolo Facultativo mencionado.

Como se advertirá, se trata nuevamente del panóptico formulado por Jeremías Bentham, que Michel Foucault describió tan bien en su ya clásico "Vigilar y castigar". Pero de un panóptico invertido, que no se halla dirigido a invadir el milimétrico desplazamiento del castigado, sino, justamente, a observar las dinámicas que allí se producen y el modo en que la pena privativa de libertad es ejecutada por las autoridades penitenciarias.

Claro está que el establecimiento de dichos mecanismos dependerá de un adecuado entendimiento entre la sociedad civil, organizada generalmente alrededor de organizaciones no gubernamentales, y los órganos ejecutivos del Estado. En el caso de la provincia de Río Negro, los tiempos que corren resultan favorables a iniciativas como las comentadas.

Prueba de ello resulta la creación durante el año pasado del Observatorio de Prisiones y Personas Privadas de su Libertad en General Roca, el cual ha venido trabajando intensamente hasta el presente.

Algo similar sucede en Bariloche, en donde si bien no se trata de un observatorio en sentido estricto, existe un grupo de trabajo que se encuentra dedicado a promover el abordaje y el debate de cuestiones educativas, fundamentalmente cívicas y socio-jurídicas, por parte de los presos allí alojados.

Se dirá, acaso con razón, que esta estrategia de visibilidad o proximidad no es suficiente para paliar el déficit estructural que aqueja a la realidad carcelaria. Sin embargo, puede colaborar al menos en un aspecto fundamental: aquel que se refiere al acercamiento de la prisión y sus habitantes a la sociedad. En tornarla un lugar visible al ciudadano interesado, permitiendo la comprensión de que también la cárcel, como otros sectores de la vida pública y las instituciones, reclama su protagonismo organizado.

Es conveniente que esta estrategia de acción coexista, en lo inmediato, con una urgente puesta en crisis de la "normalización" de las pésimas condiciones carcelarias. Normalización que se ha hecho carne no sólo en los operadores penitenciarios y judiciales, sino también en la propia sociedad. Y a partir de la cual la creencia de que no hay para las cárceles otro destino que la alienación constitucional resulta aceptada de modo sumiso, pacífico y generalizado.

Lo cual le ha venido haciendo muy poco favor a la transformación de una realidad que demanda, entre otros valores, de creatividad y audacia.

MARTIN LOZADA (Juez de instrucción y profesor de Derecho Internacional Universidad FASTA, Bariloche).

Especial para "Río Negro"