LA PAZ (AP/AFP) _ El gobierno del presidente Evo Morales enfrentó ayer una segunda jornada consecutiva de protestas, esta vez por parte de maestros y agrupaciones cívicas de distintas regiones, que con variadas demandas paralizaron actividades e interrumpieron el tránsito.

El gobierno dijo ayer que apelará a la Policía y a las Fuerzas Armadas para impedir que grupos civiles de Chuquisaca y Tarija, principales productores de gas natural, ocupen los pozos y corten el suministro a Argentina y Brasil. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el cierre de válvulas de los gasoductos" contribuye a alimentar la incertidumbre y perjudica la imagen del país".

La mayor de las protestas fue la de comunidad educativa de Santa Cruz en contra del propósito del gobierno de hacer aprobar en el Congreso un controvertido proyecto de reforma educativa, al que sus dirigentes han considerado "indigenista y excluyente''. La Prefectura (Gobernación), los maestros estatales, los colegios privados, agrupaciones empresariales y organizaciones cívicas de Santa Cruz rechazan el proyecto educativo oficial y exigen que la administración y dirección de la enseñanza quede a cargo de sus instituciones. Santa Cruz es la capital económica y la urbe más poblada de Bolivia.

También los maestros estatales de otras ciudades mantenían ayer un paro exigiendo la renuncia del ministro de Educación, Féliz Patzi, a quien acusan de intentar imponer su plan de reforma educativa.

En tanto, el comité cívico de Tarija, a cuya jurisdicción pertenecen la mayoría de las regiones productoras de gas, declaró un paro de 24 horas en apoyo a los pobladores de San José de Pocitos (sur) y su principal dirigente, Francisco Navajas, opositor del gobierno, y amenazó con ocupar los pozos petroleros.

Las organizaciones cívicas y regionales de Chuquisaca (sudeste) también advirtieron que cerrarán el flujo de gas a Brasil y Argentina si el gobierno no atiende una vieja solicitud de construir un nuevo aeropuerto para Sucre, capital de Bolivia y sede del poder Judicial y la Asamblea Constituyente.

El ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, informó que el reclamo sería atendido, mientras nutridas marchas de protesta tomaban el centro sucrense.

El Ejecutivo logró que el conflictivo sector del transporte público levantara el paro de 48 horas que había iniciado en la jornada pidiendo que no se ajusten las multas al valor del dólar, se les permita realizar trámites sin título de propiedad sobre sus vehículos y contra la escasez de diesel.

Además, en la localidad de Yacuiba, en la frontera sureste con Argentina, comerciantes mantienen cortado un puente de paso fronterizo que la aduana del vecino país deje sin efecto una serie de medidas para desincentivar las compras de ciudadanos argentinos en el lado boliviano.

También en el oriente, en la ciudad de Camiri, se vivía un ambiente de incertidumbre tras el amago de la toma de pozos petroleros por parte de ex empleados de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que exigen su reincorporación. A su vez, miembros de la Asamblea del Pueblo Guaraní mantienen tomada una estación de un gasoducto a Brasil, reclamando una millonaria indemnización por eventuales daños ecológicos.