NUEVA YORK (AP).- Un comité de la ONU aprobó el borrador del primer tratado internacional de defensa de las personas discapacitadas o con capacidades diferentes, que obliga a los gobiernos a tomar medidas a favor de los 650 millones de minusválidos del mundo.

El borrador de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Discapacitadas, el primer tratado sobre derechos humanos del siglo XXI, deberá ser aprobado por la Asamblea General y ratificado por los países miembro para entrar en vigencia.

La convención será un instrumento vinculante para que los gobiernos introduzcan reformas legislativas para mejorar y facilitar la educación y la inserción laboral de los discapacitados, informó la agencia de noticias Europa Press.

También busca promover el acceso de los discapacitados a la información y a sistemas de salud adecuada y permitir su movilización sin obstáculos físicos ni sociales, así como proteger y garantizar la igualdad plena con las demás personas.

La idea fue lanzada por Italia hace dos décadas, reactivada en 2001 por el presidente mexicano, Vicente Fox, y discutida con intensidad creciente desde la creación, al años siguiente, del comité especial, que preside el embajador neozelandés Don MacKay.

Tras largas discusiones sobre la palabra "discapacitado", finalmente se acordó definir de esta manera a una persona que sufre algún menoscabo físico, mental o sensorial que le limita la capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas, y que es causado o agravado por condiciones sociales y ambientales.

Según datos de la ONU, el 80 por ciento de las personas con minusvalías viven en los países en desarrollo, mientras que en las naciones industrializadas, la tasa de discapacidad es más alta en los sectores sociales más marginados y con menor educación.

A finales del decenio de 1950, los esfuerzos de las Naciones Unidas en cuestiones relativas a la discapacidad, hasta entonces centrados en el bienestar, cambiaron de orientación con miras a lograr el bienestar social. Una reevaluación de su política en el decenio de 1960 condujo a la desinstitucionalización y alentó la petición de una mayor participación de las personas discapacitadas en una sociedad integrada. Las actividades operacionales en el campo de la discapacidad se modificaron a través de la aplicación de diversos programas de prevención y rehabilitación de las Naciones Unidas. Se ofreció asesoramiento técnico a los gobiernos a través de misiones consultivas, talleres de capacitación de personal y a través de la creación de centros de demostración o de la mejora de los existentes. Los grupos de estudio y las subvenciones y becas de investi

gación para docentes hicieron posible el intercambio de información.

Aunque las actividades iniciales de las Naciones Unidas apoyaban los derechos de las personas discapacitadas a recibir servicios públicos y de bienestar, al principio se prestó escasa atención a los obstáculos sociales que podrían surgir al tratar de alcanzar esas metas. Hacia finales del decenio de 1960, tuvo lugar el viraje hacia un nuevo modelo social para tratar la discapacidad.

La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, adoptada el 11 de diciembre de 1969, afirmaba las libertades y los principios fundamentales expuestos en la Carta de las Naciones Unidas y enfatizaba la necesidad de proteger los derechos y el bienestar de los discapacitados y de los disminuidos físicos y psíquicos.

En los '80 hubo un avance importante en este sentido.