SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez de Instrucción Martín Lozada, dictó el procesamiento por lesiones gravísimas al policía que le atribuye haber disparado su escopeta Itaka contra una mujer desarmada, de 19 años, que perdió un ojo como consecuencia de los impactos de las postas de goma.

El episodio que investiga el magistrado se produjo el último 24 de junio en el barrio 34 Hectáreas, muy cerca de la media noche, cuando la joven Blanca Grande fue interceptada por los ocupantes de una camioneta policial del Destacamento 170 mientras caminaba junto a dos amigos, presuntamente hasta un kiosco-despensa ubicado en el 230 de la calle Chapel, del Barrio El Frutillar.

De acuerdo con el cuadro de situación que compuso el magistrado, el móvil mencionado estaba tripulado por dos empleados policiales, un oficial y un suboficial, y este último fue quien descendió del rodado y dio la voz de alto a los jóvenes que en esos momentos caminaban por una cortada peatonal.

Pese a la orden de los policías, los dos muchachos comenzaron a correr hacia adelante, en tanto que Grande se detuvo, se dio media vuelta y se colocó frente al policía para pedirle que no les disparase. No obstante, el empleado policial efectuó varios disparos con el arma Itaka que llevaba consigo, cargada con cartuchos de postas de goma.

Conforme a la denuncia y los elementos de prueba que evaluó, el juez Lozada entendió que uno de aquellos disparos hirió a la joven Grande en uno de sus tobillos, "mientras que el otro le ocasionó una herida perforante en el globo ocular derecho y produjo su estallido, por lo que debió ser resecado -enucleado-, a punto tal de haber perdido completamente la visión, consignó el magistrado en su argumentación.

Lozada destacó que se trata de "uno de los hechos de mayor violencia policial de los últimos meses", que sirvió de detonante para que un grupo de vecinos del barrio 34 Hectáreas conformara hace poco un "Colectivo de Derechos Humanos de los Barrios Altos", destinado a denunciar y encausar en forma organizada y jurídicamente adecuada los casos de abusos policiales en contra de las poblaciones de esos barrios de la ciudad.

Pocos días después, al investigar un ataque sufrido por dos jóvenes en diciembre del 2005, también en el barrio Alto, el juez Lozada estableció que existían

irregularidades en el funcionamiento del BORA (Brigada Operativa de Rescate y Antidisturbios), cuyos miembros operarían con el rostro cubierto, y sus autoridades no llevarían registro de sus actuaciones.

La causa que instruye el magistrado y que motivó su cuestionamiento, se inició con la denuncia de la madre de dos jóvenes que en la madrugada del 5 de diciembre del 2005 habrían sido interceptados en Beschedt y Lengas por personal del BORA, cuando regresaban de participar en una exhibición de karate que se había realizado horas antes.

Según la mujer, esa madrugada sus hijos fueron interceptados por personal con el rostro cubierto que les solicitaron sus documentos y que luego los habría maltratado sin motivos.