La investigación judicial por el pago de sobornos en el Senado de la Nación cumplirá hoy seis años, lapso en que estuvo a punto de ser cerrada, pese a que ahora va camino a un juicio oral donde por primera vez se sentarán al banquillo ex legisladores y funcionarios de gobierno de la Alianza.

La causa, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, cobró la semana pasada un giro inesperado con la declaración de una ex secretaria del ex senador Remo Costanzo, Sandra Montero, cuyo abogado, Roberto Ribas, se manifestó hoy "esperanzado y hasta con la intuición de que alguien más se va a presentar y va a colaborar en esta investigación".

En las próximas semanas Costanzo será convocado por el juez para ampliar su declaración indagatoria a pedido de la defensa, que quiere refutar el relato de Montero, quien aportó datos, agendas y cuadernos y, además, tendría filmaciones que ratificarían que la ley de Reforma Laboral fue aprobada en abril de 2000 contra el pago de coimas por 5 millones de dólares.

Por su parte, el ex presidente Fernando de la Rúa -a quien el juez podría procesar esta misma semana- reclamó ayer que Rafecas cite a declarar al ex vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez, quien renunció en octubre del 2000 a raíz del caso y precipitó así la caída de la Alianza. De la Rúa se quejó, al hablar hoy por Radio Continental, de que el juez "en cambio lo está elogiando y lo pone afuera (del caso a Alvarez)" y sostuvo que "esto es la operación política que discrimina entre sectores".

El abogado de Sandra Montero, Roberto Ribas anunció que por indicación de su clienta, presentó ante el juzgado de Rafecas "agendas ricas en números de teléfonos y cuadernos".

En tanto, el arrepentido Mario Pontaquarto señaló que "es posible que pueda haber más presentaciones" ante la Justicia, como las que hicieron él y Montero, y consideró "importante" que haya un juicio oral donde se puedan "dirimir las responsabilidades de cada uno de los que hemos participado en esto", según dijo a Radio Continental.

El jueves pasado la mujer rompió el silencio y reveló ante Rafecas haber visto 300 mil pesos de las coimas pagadas en abril de 2000 a cambio del voto favorable a la ley de Reforma Laboral, en una declaración de 18 carillas que el juez sumó a los 105 cuerpos de expediente con 21.000 que acumula ya la causa. Días antes, había concedido una extensísima entrevista a "Río Negro" en la que adelantó lo que contaría luego al juez.

El abogado Ribas excluyó una eventual presentación de los choferes de los senadores involucrados en el caso, al considerar que "si bien llevaban cosas, ignoraban qué transportaban, pero están totalmente afuera de la investigación como actores inmediatos, colaboradores o partícipes de los ilícitos".

En cuanto a la posibilidad de que aparezcan nuevas pruebas, el letrado sostuvo que "la agenda que aportó Montero, y que yo llevé por orden de ella es muy rica en números telefónicos" y comentó que al declarar ante el juez "se pudo determinar de quién era un teléfono que no se sabía a a quién pertenecía y que registraba llamadas". En esa agenda "surgen números de teléfonos que seguramente van a ser cruzados con el sistema 'excalibur' y que podrá determinar días y horas en que se produjeron conversaciones", señaló.

Este diario difundió el sábado en exclusiva varios facsímiles de la agenda de Montero, con anotaciones que muestran el grado de confianza que le tenían varios senadores, entre ellos Mario Losada y el propio Costanzo. En dos anotaciones de la mujer, subrayadas para darle énfasis, se expresa la directiva de no usar el teléfono de Costanzo.

En su testimonio, Montero dijo que Costanzo y el resto de los senadores involucrados en los sobornos evitaban usar los teléfonos celulares propios y los fijos para eludir una investigación sobre los sobornos, y que Costanzo usaba habitualmente el celular de ella para hablar sobre el tema. El jueves, esto fue confirmado durante su testimonio ante el juez.

Ribas afirmó que Montero "está asustada, si tuviera que tocar el timbre para atrás, no declara, porque no pensó que iba a haber tanto impacto, sino que iba a pasar más desapercibido todo esto". La ex empleada del Congreso "no está en la República Argentina", sino en un lugar que no reveló, aunque subrayó que con Montero tiene "una comunicación fluida, no todo lo que deseo yo y ella, pero hablamos por lo menos una vez por día".

Para el juez Rafecas las pruebas acumuladas desde que se hizo cargo de la investigación eran más que suficientes incluso antes de la aparición sorpresiva de la testigo como para enviar en lo inmediato a juicio oral a nueve procesados. Entre ellos figuran el ex ministro de Trabajo y Empleo del gobierno de Fernando de la Rúa, Alberto Mario Flamarique y el ex titular de la SIDE en esa gestión, Fernando de Santibañes.

Fuentes judiciales explicaron que el magistrado cerrará en los próximos días esa parte de la pesquisa y pedirá en lo formal al fiscal federal Federico Delgado que le solicite el envío a juicio, algo en lo que ya trabaja el representante del Ministerio Público fiscal. Según la interpretación judicial, el testimonio de Montero sólo sumó más pruebas para llevar al juicio oral contra el procesado Costanzo y otros ex legisladores aunque sí podrá resultar decisivo en el caso del único mencionado por la mujer que goza de falta de mérito, Angel Pardo.

(DyN, Télam y Red.Central)