Buenos Aires (ABA/Redacción Central).- El gobierno está comenzando a definir la estructura del Presupuesto para el próximo año, en el cual se contempla, en principio, un aumento del gasto público global del orden del 14% con respecto al 2006. En estas mayores erogaciones se incluye el incremento general de las jubilaciones, proyectando una meta de crecimiento del 4,5%, dentro de la postura irrenunciable a mantener el superávit fiscal y ejercer mayor presión sobre las provincias.

De acuerdo con los lineamientos del proyecto de Presupuesto para el próximo año, que deberá ser presentado en el Congreso con fecha tope el 15 de setiembre, un funcionario del Palacio de Hacienda comentó a "Río Negro" que el gasto público en 2007 se situará alrededor de los 118.000 a 120.000 millones de pesos, contra los 93.702 millones calculados para el 2006.

Sin duda que el aumento del gasto se basa esencialmente en el incremento de las jubilaciones en general que se está analizando en este momento y que despertó gran preocupación, después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia para que el Ejecutivo y el Congreso realicen ese ajuste. "Indudablemente que esto supone un desafío mayor desde el punto de vista fiscal. De todas formas, hay margen como para atender el incremento de las jubilaciones", aseguró un funcionario del Palacio de Hacienda.

Si bien todavía no está terminado la estructura presupuestaria en el proyecto, se considera que el gasto previsional del próximo año se situará en torno a los 37.000 a 38.000 millones de pesos, contra los 29.000 millones de pesos, abarcando además el ajuste proyectado para las jubilaciones en general.

Semejante nivel de gasto implica que la proyección de superávit fiscal para el próximo año sea levemente inferior. En principio, se considera una proyección de resultado positivo de las cuentas del Estado del orden de tres por ciento del Producto Bruto Interno, contra una pauta del 3,5% del 2006.

En función de un año electoral que se avecina, del desafío que implica el ajuste en las jubilaciones y las proyecciones de aumento en el gasto salarial y de aumento de la obra pública, se considera que el gobierno nacional será mucho más duro en el trato con las provincias en materia de recursos.

"El año que viene las provincias ya no tendrán margen presupuestario. Deberán cuidar muy bien sus cuentas", afirmó la misma fuente. "Todavía no está cerrado, pero en el proyecto se incluiría una pauta de superávit provincial del orden del 0,2% del Producto y exigiremos un cumplimiento a rajatabla de la ley de Responsabilidad Fiscal", agregó.

Paralelamente, se está evaluando una pauta de recaudación impositiva que oscilará alrededor de los 130.000 millones de pesos.

"No hay nada con respecto a una reforma tributaria. No hay ninguna posibilidad de modificar o reducir los impuestos, como se había comentado en algún momento", resaltó otro funcionario del Ministerio de Economía de la Nación, dejando en claro que no se prevé evaluar una baja sobre las retenciones exigidas por el sector frutícola regional. Tampoco habrá modificaciones en el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Paralelamente, se ha evaluado una estimación inflacionaria en una banda que va del 7,5 al 9,5% y un tipo de cambio que oscilaría entre 3,08 y 3,14 pesos por unidad. Con respecto al comercio exterior, se ha evaluado un nivel de exportaciones que llegará a los 46.000 millones de dólares, con una suba del 10% con relación a este año.

Más allá que el Poder Ejecutivo está realizando el trabajo de cerrar las distintas partidas presupuestarias, algunos asesores del Ministerio de Economía consideran que el próximo año la ejecución de esa ley estará sumamente condicionada por la elecciones y por los "superpoderes" que se le otorgaron al jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Se especula que en esta última etapa de elaboración del Presupuesto se incluirá como prioritario para el próximo año y con miras a las elecciones, engrosar las partidas para la obra pública.

Sobre el proyecto, el ex subsecretario de Presupuesto, Marcos Makón, "indudablemente que el nivel de superávit que se registró en estos dos últimos años va a empezar a reducirse".

"Hay varios desafíos que tendrá el Gobierno para el próximo presupuesto. El aumento de las jubilaciones, el incremento de los salarios de la administración pública, y un crecimiento en las partidas para educación. Todo esto requerirá un enorme esfuerzo fiscal", resaltó el ex funcionario.

Observando ese panorama, consideró asimismo como sumamente importante que el gobierno empiece a desarrollar cada vez más el llamado fondo anticíclico, para que se pueda hacer frente a eventuales situaciones complicadas en lo estructural. Por su parte, el economista Aldo Abram aseguró que más allá de los mayores compromisos que se deberán enfrentar en el próximo año, la solvencia fiscal está asegurada.

"Uno puede criticar muchos aspectos de la conducción económica del gobierno, pero si hay algo que está claro en la actual gestión es que la solvencia fiscal forma parte de su política y columna vertebral", resaltó Abram.

No obstante, el economista agregó que los problemas fiscales en realidad pueden venir por el lado de las provincias, ya que hay varios distritos que están empezando a mostrar inconvenientes e incluso no se descarta que algunas gestiones provinciales culminen con déficit.