NEUQUEN (AN).- Ante el auge del reparto de comida rápida puerta a puerta, conocido como "delivery", los concejales Carlos Chaneton y Darío Martínez presentaron un proyecto de ordenanza que busca regular la actividad y obligar a los comerciantes a blanquear a los repartidores. Buscan además poner un cepo a la entrega de bebidas alcohólicas a los menores que eluden la prohibición convocando este servicio, vedando directamente la entrega de cerveza y vino entre las once de la noche y las ocho del día siguiente.

Exigen también que los responsables de este servicio provean una vestimenta "obligatoria" a los conductores e inviertan en equipamiento que garantice la salubridad de los alimentos entregados a los domicilios.

A Chaneton y a Martínez no se les escapa que los repartidores montados en motos de baja cilindrada "conducen a velocidad excesiva, con frecuencia en contramano y se estacionan en lugares prohibidos".

"Es necesario regular estas cuestiones que ponen en jaque la seguridad de los conductores y de los peatones, no sólo de los repartidores", reclamó Chaneton.

La propuesta es que el servicio de "delivery" cuente con habilitación municipal y que las personas que manejan los vehículos tengan carné de conducir profesional y la libreta sanitaria. Cada vehículo -furgón, ciclomotor, triciclo o cualquier otro- deberá llevar la inscripción "transporte de sustancias alimenticias" y el nombre del comercio en ambos lados de la caja.

Deja a cargo de los comercios la entrega del casco reglamentario y de los guantes, en el caso de que el servicio sea prestado en moto. También los obliga a proveer indumentaria fluorescente para usar de noche y otra adecuada para días de lluvia.

Los ediles incluyeron al proyecto de ordenanza un artículo que convierte en "solidariamente responsables" a los propietarios de los vehículos y a los dueños de los comercios si con motivo de la distribución los repartidores infringen normas de tránsito. En tal caso, proponen que la multa se incremente de un tercio a la mitad del monto original.

"No existe control ni regulación; hay un vacío legal", defendieron el proyecto los dos concejales. Entre otras irregularidades, citaron que se infringe la ley laboral y no está garantizada la supervisación bromatológica ni la higiene del transporte de los productos. Como agravante sumaron que los repartidores no llevan la vestimenta adecuada para ser vistos de noche y suelen infringir las reglas de tránsito".