VIEDMA (AV)- El gobierno rionegrino resolvió intervenir el consorcio de riego del Valle Inferior ante la acefalía total en la comisión directiva. La semana próxima asumiría la conducción Maximiliano Bruno, actual interventor del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi).

La medida permitirá asegurar el funcionamiento del servicio de riego en unas 20.000 hectáreas, tomando en cuenta que hacia fines de este mes comienza el ciclo productivo 2006-2007.

Una vez que la Fiscalía de Estado autorice al Departamento Provincial de Aguas (DPA) a firmar la respectiva resolución de salvataje posiblemente el martes próximo, se pondrá en práctica una auditoría contable con el propósito de verificar supuestas irregularidades que habrían cometido empleados del consorcio. Se estima un perjuicio cercano a los 140.000 pesos, lo que motivó una denuncia penal.

Fuentes del DPA indicaron a "Río Negro" que la decisión está tomada en virtud de que algunos participantes de la última asamblea -donde por mayoría se solicitó la intervención- pretendían imponer una comisión provisoria en lugar de la mencionada figura. Sin embargo, se desestimó ante un impedimento estatutario.

En cuanto al motivo del nombramiento de Bruno, se destacó su perfil profesional ligado a las ciencias económicas, dado que "se necesita adecuar la administración y encontrarle la vuelta a la reasignación económica de los recursos".

Al respecto, se agregó que se necesita hacer un nuevo cálculo de gastos para normalizar todo el funcionamiento en virtud de que el 80% de los componentes del servicio están ligados a la variación del dólar.

El titular del DPA, Horacio Collado, se reunirá la semana próxima con Bruno y el presidente saliente Néstor Campot, con el propósito de acordar un nuevo canon de riego para afrontar los costos y a su vez evaluar un plan de recupero, ya que los morosos le deben al consorcio unos 600.000 pesos. Sobre esto último, se indicó que la intención es otorgar facilidades a los deudores como para evitar los cortes de agua en pleno ciclo productivo.

También se definirá llevar de 38 pesos por hectárea-año a 62,40 el canon, quedando un promedio de 47 pesos durante 2.006 en virtud de que se comenzaría a cobrar el nuevo valor en los últimos meses del año.

El funcionamiento del sistema estaría asegurado -de acuerdo a las fuentes- debido a que la entidad cuenta con unos 400.000 pesos en recursos como para poner en marcha la distribución de aguas en cerca de 500 parcelas.

En la actualidad dependen del consorcio alrededor de 40 personas entre administrativos, encargados del servicio y personal de mantenimiento.

La decisión se tomó tras el fracaso de cuatro convocatorias a asamblea con la pretensión de renovar la comisión directiva.

La entidad cuenta con unos diez años de actividad desde que el Estado se desentendió del riego de unas 20.000 hectáreas, en el marco de un fuerte ajuste en la administración pública.

Su primer y único presidente en manos privadas fue el mencionado Campot.