Una Junta de Funcionarios del Poder Judicial dictaminará si entrega o no a "Río Negro" la información solicitada sobre a quién, en razón de qué y por qué montos se abonan los adicionales salariales MIG en la Justicia rionegrina.

El pedido de información, realizado por este diario en el marco de la ley 3441 de Acceso a la Información Pública e invocando la propia Constitución provincial, se originó el 28 de junio de este año. El 3 de julio se inició un expediente en ámbito del Superior Tribunal de Justicia, en Viedma, que lleva por número: AG-0381-2006.

Mientras eso sucedía, la Dirección de Medios de Comunicación del STJ anticipó una respuesta por nota en la cual -como ayer se informó- no se responde lo solicitado en materia salarial sino que se entregan las acordadas y resoluciones ya conocidas dictadas por el STJ al respecto -que datan de 2005- y un detalle, también conocido, de los haberes que percibe el juez del STJ Luis Lutz.

Mientras tanto, el pedido de información fue remitido el 4 de julio al Servicio Técnico Legal, cuyo director -se supo ayer- no pudo responderlo porque estuvo cumpliendo actividades académicas en los Estados Unidos.

Ayer, el director de Medios de Comunicación, José Ignacio Muñoz, informó también que el dictamen del asesor legal se produjo el 8 de agosto y que forma parte del expediente, en fojas 31 a 35, aunque tampoco se informó el contenido de esa opinión.

Lo que sí se dijo es que el expediente fue remitido anteayer por el presidente del STJ a la Junta de Funcionarios del Poder Judicial "para conocimiento y posterior opinión". Esa Junta, se informó, está integrada por el administrador General, Horacio Mión; el auditor General, Gustavo Martínez; el contador General, Abel Peña, la secretaria de S Superintendencia del S.T.J., Stella Latorre, y el subadministrador general, Eduardo Rosso.