El Congreso prorrogó por cuarta vez toda la legislación promulgada en el marco de la delegación de facultades parlamentarias, que incluye a unas 1.600 leyes y 330 decretos.

Además convirtió en ley la iniciativa que propone la publicación de las leyes secretas, que fueron declaradas inconstitucionales por la Justicia, cuya existencia permitió a ex funcionarios menemistas justificar el pago de sobresueldos durante la década de los 90.

El oficialismo argumentó que, sin la prórroga de la legislación delegada, caducaría la vigencia de leyes de gran importancia, como la norma que rige el funcionamiento de la Aduana y el Código Militar.

"Se generaría un vacío legal de consecuencias impredecibles", advirtió Juan Manuel Urtubey, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pero la oposición rechazó en forma unánime los vaticinios catastróficos, aseguró que la legislación fue ratificada en las prórrogas anteriores y deslizó suspicacias sobre el uso actual de la delegación.

La sanción de la ley fue impulsada con energía y apuro por la Casa Rosada. Ocurre que la iniciativa debía estar aprobada antes del 24 del actual, dado que ese día caducaban cerca de 2000 leyes dictadas antes de 1994.

Entre ellas figuran la ley de sociedades, la ley de emergencia económica, el código de justicia militar y la creación de la AFIP, escuelas y universidades.

Los cuestionamientos apuntaron esencialmente hacia los párrafos que, bajo el paraguas de la delegación de facultades propias del Congreso, legitimarán las leyes que se dicten desde el presente hasta el vencimiento de la nueva prórroga, en 2009.

"Con las facultades el Poder Ejecutivo podría privatizar el Banco Nación o eliminar una rama de las Fuerzas Armadas", aseveró Pablo Tonelli, de PRO.

"Cheque en blanco"

Con un sentido similar, la diputada del ARI Marcela Rodríguez aseguró que el gobierno pretendía "un cheque en blanco", al igual que el radical Pedro Azcoiti, quien lo encadenó con la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y los poderes especiales para la Jefatura de Gabinete.

La prórroga se aprobó por 161 votos a favor sobre 68 en contra.

La Constitución reformada de 1994 obligó, en un plazo de cinco años, a revisar toda la legislación delegada para que el Congreso seleccione las normas que correspondía ratificar.

Pero el trabajo, denominado Digesto Jurídico, todavía se encuentra en elaboración, tras una serie de inconvenientes y postergaciones.

Por la ley 24.967 de 1998 se le encargó al ministerio de Justicia la creación de una comisión de notables para llevar adelante la tarea.

Para ello, se contrató a la Facultad de Derecho de la UBA y conformó la comisión de expertos, presididos por el constitucionalista Daniel Sabsay. Tras siete años, el trabajo sigue inconcluso.

Así, las normas debieron ser prorrogadas por tres años en 1999, por dos en 2002, y nuevamente por un bienio en 2004.

La nueva delegación, que ya había sido aprobada por el Senado, fue ratificada por la Cámara de Diputados.