SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Aun a sabiendas de que iba a contrapelo de una euforia generalizada, el candidato a convencional por la UCR Carlos Fernández afirmó ayer no hace falta incorporar a la Carta Orgánica una oficina "anticorrupción" ni tampoco la Defensoría del Pueblo.

En la misma línea se manifestó el abogado Marcelo Altschuller, quien coincidió en que esas figuras "lo que harían es agregar burocracia pero sin garantizar mayor transparencia".

Las definiciones surgieron ayer durante la primera mesa redonda sobre la reforma de la Carta Orgánica Municipal organizada por la asociación cívica Conciencia. El panel estuvo integrado por Carlos Fernández, Graciela Di Biase, Ester Acuña, Marcelo Altschuller y Rodolfo Guillaumet. Los tres primeros en su condición de ex presidentes del Concejo y los restantes como ex integrantes del Tribunal de Cuentas.

Entre los oyentes había varios candidatos, miembros de entidades intermedias y también alumnos de una escuela privada. Luego de las intervenciones iniciales hubo un extenso espacio para las preguntas, de donde surgieron coincidencias como la de propiciar una jerarquización del Tribunal de Cuentas y simplificar los requisitos para la revocatoria de mandatos, el referéndum y la iniciativa popular.

Ante una consulta referida a la creación de una órgano anticorrupción (seguramente esperando un "sí" convencido de los disertantes), Fernández no dudó en manifestar su desacuerdo.

"Estoy en contra de una oficina anticorrupción y también de la Defensoría del Pueblo porque sólo servirían para recargar inútilmente el presupuesto municipal", argumentó el candidato radical.

Dijo que, de acuerdo al actual ordenamiento, "si los ciudadanos tienen un acceso abierto a la información y el Concejo Municipal cumple su función es suficiente" para detectar y denunciar las arbitrariedades de los funcionarios. Recordó además, que como instancia superior "está la Justicia".

Altschuller, por su parte, opinó que "el Defensor del Pueblo ya existe en la Nación y en provincias y municipios, pero no ha agregado absolutamente nada, más que salir en los medios con denuncias rimbombantes".

Di Biase insistió en establecer un mecanismo sancionatorio claro y puntual para el intendente y otros funcionarios cuando un gobierno entra en crisis como las que afectaron las gestiones de César Miguel y Atilio Feudal.

A su turno, Acuña abogó por sumar a la Carta Orgánica "un capítulo especial de normas ambientales y planificación territorial".