CINCO SALTOS (ACS).- Por unanimidad, el Concejo Municipal de Cinco Saltos se fijó un plazo de 30 días para establecer un "registro especial
municipal" de los condenados por violación. La iniciativa surgió tras un duro cruce en una reunión de los ediles con el grupo de ayuda a las víctimas de violaciones en esta localidad, quienes le exigieron un pronunciamiento respecto a la situación del ginecólogo procesado Carlos Anzaldo, quien luego de obtener una caución legal de libertad condicional previo depósito de una fuerte suma de dinero, retomó su actividad médica en el consultorio donde se habrían llevado a cabo los ultrajes.

La iniciativa de los concejales salteneses tiene como único antecedente en el país, el que se puso en marcha en la ciudad de Río Cuardo
(Córdoba) en el 2004, donde toda persona que resida en la ciudad y sea condenada por violación es inscripta en un registro que tutela la
fiscalía municipal. El registro es sólo de acceso judicial, policial o para personas "debidamente autorizadas"; los registrados deben recibir asistencia psicológica y tienen negado el trabajo en sectores públicos y semipúblicos de transporte.

Los concejales de Cinco Saltos emitieron una comunicación en la que se comprometieron a declarar "persona no grata" en la ciudad a todo
condenado por violación, se fijaron un "plazo máximo" de 30 días para implementar el registro municipal de condenados por violación y en la
misma comunicación, solicitan al gobierno de la provincia que separe de su actividad a toda persona que esté denunciado como violador: el cese de tareas debe ser en ámbitos públicos y en especial en los educativos.

También requieren a la Legislatura que sancione un registro de violadores, y citaron como ejemplo el que se puso en marcha en la provincia de Neuquén. La declaración no conformó al grupo, que se retiró de la sesión con gestos visibles de disconformidad. "Nosotros no pedimos que hagan un registro de violadores en el municipio; queríamos que se expidieran sobre la situación de Anzaldo, que está procesado y esperando un juicio por la violación a una menor del que era su profesor, que hay otras denuncias similares en su contra en la Justicia y sigue atendiendo mujeres en el consultorio donde hace años lleva cometiendo estos delitos", sostuvieron.

Las mujeres recriminaron con dureza una "tibia declaración" luego de seis meses en los que es pública la situación de padecimiento de las
víctimas que iniciaron las denuncias sin que obtuvieran un mínimo acompañamiento de las autoridades municipales. "Ninguna mujer va por ahí denunciando que la violaron para ser sometida al señalamiento público, a probar una y otra vez ante la Justicia, y reprobar todo lo que de ella se pone en tela de juicio a pesar de ser una víctima", sostuvieron.