Miércoles 09 de Agosto de 2006 Edicion impresa pag. 10 > Regionales
Pagará una compensación a quienes amenazó

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La jueza Silvia Baquero Lazcano suspendió a prueba el juicio por amenazas contra el funcionario municipal Luis Erasmo Ledesma, luego de que éste ofreciera pagar una reparación económica a los damnificados y realizar trabajos comunitarios en el Hospital Zonal.

Los gremialistas de la Unter, Pedro Jorge Molina y Lisandro Ramón Ciavaglia recibirán quinientos pesos cada uno en concepto de compensación por el daño causado, y el procesado además deberá cumplir 100 horas de trabajo no remunerado en el hospital local, fuera del horario habitual de sus labores y a razón de no menos de 4 horas semanales.

La medida se diferencia de las abundantes resoluciones de suspensión del juicio a prueba logradas en otras causas por el ofrecimiento y aceptación de reparación económica entre los protagonistas, y la calidad de personas públicas, tanto de los presuntamente amenazados como del imputado.

El hecho que le imputan a Ledesma -un funcionario muy cercano al intendente Alberto Icare-, habría ocurrido aproximadamente a las 12 del 20 de octubre del 2005, cuando los denunciantes se encontraban en el edificio de la Municipalidad local, más precisamente en el pasillo ubicado frente a la secretaría privada del intendente, con la intención de solicitar una audiencia en el marco del paro docente que se estaba desarrollando.

En esas circunstancias Ledesma habría amenazado en forma verbal a los sindicalistas, actitud que le reprochan haber repetido tres horas más tarde en el mismo escenario. Las amenazas atribuidas a Ledesma por los denunciantes básicamente son: "por más que hagas denuncias yo te voy a tirar a un zanjón" y "vas a aparecer en un zanjón".

La causa se encaminaba al juicio oral y público cuando el abogado de Ledesma, Martín Domínguez, solicitó la suspensión del juicio a prueba y ofreció indemnizar a los denunciantes y que su asistido prestara servicios comunitarios no remunerados.

La oferta fue aceptada por los presuntamente damnificados y por el agente fiscal. Ahora el imputado deberá completar el pago antes del próximo 20 de agosto.

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