NEUQUEN (AN).- El retiro de la provincia de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno de Jorge Sobisch: ayer luego de que las comunidades firmaran el compromiso de retirarse de las tierra del Ejército que ocupaban, la Confederación Mapuche anunció que el organismo seguirá funcionando con los representantes de Nación y del pueblo indígena; calificó de inconstitucional el proyecto que el gobierno provincial prevé enviar a la Legislatura para administrar las 40 mil hectáreas que aportó a la CIP; y cuestionó en duros términos la gestión del MPN en el ente.
La reacción de la organización mapuche se conoció ayer en una conferencia de prensa que encabezó la dirigente (Werken) Verónica Hulipan junto a los lonkos de las cuatro comunidades que habitan Pulmarí.
Hubo un ingrediente más que formó parte de la respuesta dirigida al gobierno provincial: la firma de un convenio entre los representantes del gobierno nacional y del pueblo mapuche en el directorio de la CIP, además de los lonkos de la Confederación, en el que entre otros puntos defendieron "la institucionalidad" del organismo y acordaron el inicio de "un proceso de auditoría de las concesiones" de tierras hechas a inversores privados en los últimos años en Pulmarí.
"La CIP fue creada por ley nacional y es un ente autárquico", planteó Huilipán. "Para disolverlo debe haber un acuerdo entre la provincia y Nación, y mientras no lo haya las 116 mil hectáreas de Pulmarí pertenecen a la CIP", agregó.
Así objetó la decisión anunciada por el gobierno el lunes último de enviar un proyecto de ley a la Legislatura para administrar las 40 mil hectáreas que aportó la provincia cuando fue creada la CIP en 1987. Y le marcó un escollo más: "de acuerdo a la nueva Constitución provincial, la Legislatura no puede promover ninguna ley que afecte territorios mapuches sin el consentimiento del pueblo mapuche, por que desde el vamos ese planteo es inconstitucional y cae por sí solo".
La Confederación Mapuche anunció también que la CIP continuará funcionando a pesar del retiro de los tres representantes neuquinos en el directorio. El argumento que esgrimió fue que los cinco miembros restantes -cuatro del gobierno nacional y uno del pueblo mapuche- constituyen el quórum necesario para que siga en funcionamiento.
La repentina y sorpresiva decisión de la provincia fue cuestionada en duros términos. Huilipán sostuvo que "desde lo político, es producto del pedido de auditoría que hicimos para que salga a la luz toda la corrupción que se generó en ese ámbito a través de la entrega de nuestras tierras a los amigos y familiares del MPN, sin controles administrativos, contables o ambientales". Además dijo que "Pulmarí se convirtió en una rifa desde que el MPN estuvo a cargo de la presidencia".
Entre los concesiones cuestionadas fueron hechas más de cien en los últimos años mencionaron la efectuada a Doménico Panciotto. "Instaló un coto de caza y trajo especies de Europa que están generando un desastre ecológico por la depredación. También la hostería que instaló está arrojando los residuos cloacales al lago", afirmó.
El objetivo de la auditoría es "determinar en qué estado está cada concesión, y determinar si deben continuar o no", marcó Huilipán. Todas serán revisada a instancias de las pautas establecidas en la nueva Constitución provincial. En principio, se hará en un plazo de 90 días y ayer viajaron a Aluminé funcionarios del gobierno nacional para iniciarla. El acuerdo contempla "evitar la criminalización de la cuestión indígena" debido a la ocupación de tierras en el lugar que hicieron miembros de la comunidad mapuche en los últimos días.
