El gobierno argentino formalizó ayer su rechazo a la propuesta de Uruguay de realizar un monitoreo conjunto del impacto ambiental de las plantas de pasta de celulosa que se levantan en la orilla oriental del fronterizo río Uruguay, informó la cancillería.

El rechazo está contenido en una carta que el canciller argentino, Jorge Taiana, envió a su par uruguayo, Reinaldo Gargano, quien en una misiva anterior había invitado al gobierno de Buenos Aires a participar de un monitoreo conjunto.

Argentina argumentó que aceptar la propuesta "implicaría convalidar un acto ilícito contra la Argentina", según una fuente diplomática citada por la agencia oficial Télam.

Taiana insistió además en que Uruguay había violado reiteradamente el Tratado del Río Uruguay firmado en los '70 y en el cual ambos países se comprometieron a proteger de la contaminación la importante vía fluvial.

Argentina se opone a las fábricas de pasta de celulosa que están construyendo la finlandesa Botnia y la española Ence a la vera del río y demanda un estudio de impacto ambiental acumulativo e independiente, pero Uruguay asegura que se utilizarán modernas tecnologías que minimizarán la contaminación.

La respuesta argentina -cuyo contenido no se divulgó a la prensa- fue entregada por el vicecanciller Roberto García Moritán al embajador de Uruguay, Francisco Bustillo.

Argentina insistió en la suspensión de las obras para realizar el estudio ambiental y, ante la negativa uruguaya, presentó el tema ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, instancia que contempla el Tratado del Río Uruguay para dirimir controversias.

El tribunal ya rechazó una medida cautelar solicitada por Buenos Aires de paralizar por 60 días las obras, pero el gobierno espera que los jueces contemplen los argumentos argentinos cuando fallen en la cuestión de fondo.

Fuentes oficiales informaron que Taiana señaló que el planteo del gobierno de Tabaré Vázquez entra en contradicción de lo referido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en su última resolución.

"Nuestro país se vería forzado a tolerar la planta y la tecnología unilateralmente elegida", explicaron fuentes de la Cancillería, que sostuvieron que son "factores no determinantes del perjuicio que, como se demostrara ante la Corte Internacional, los emprendimientos causarán al Río Uruguay y a sus áreas de influencia, incluyendo la salud y el bienestar de los habitantes de las comunidades circundantes a ese recurso fluvial".

Según trascendió, el canciller reafirmó "la continuada disposición de la Argentina a cooperar con el Uruguay" en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para la realización de las actividades, orientada a "asegurar los mas altos estándares de calidad de todo el Río Uruguay y sus áreas de influencia".

En ese contexto, Taiana se reunió nuevamente con los abogados asesores y representantes de la Asamblea de Gualeguaychú y el gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de continuar con la elaboración de la posición argentina ante la Corte Internacional de La Haya en enero próximo, en el marco del juicio por la instalación de las papeleras.