La Corte Suprema de Justicia pidió ayer al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional que realicen las "correcciones necesarias" a fin de que los jubilados que cobran más de 1000 pesos reciban un aumento en sus haberes, fallo que fue calificado de "muy importante por la Anses.

El alto tribunal hizo esa recomendación al hacer lugar a un recurso presentado por un jubilado, Adolfo Badaro, quien reclamó un reajuste de su salario debido a que quedó fuera de los últimos aumentos concedidos por el Gobierno, informaron fuentes judiciales.

La presentación es anterior al último incremento concedido a la clase pasiva, en el que el Gobierno incluyó - a diferencia de las anteriores oportunidades- también a los jubilados que reciben más de 1000 pesos.

Al respecto, el titular de la Anses, Sergio Massa, afirmó que "el fallo de la Corte Suprema de Justicia es muy importante" y que "como propuesta fija la responsabilidad de la movilidad de las jubilaciones en el Parlamento argentino estableciendo pautas razonables y no abstrayéndose de la realidad del país".

En ese sentido, apuntó que "el planteo que hace la Corte de que la movilidad no es indexación, que las movilidades pueden ser diferentes según las épocas del país y que deben tener una proporción razonable, van en el mismo sentido que las líneas de trabajo que el gobierno nacional viene trabajando en materia previsional".

Massa destacó que para "el gobierno no es una novedad ya que el 11 por ciento dado en junio a toda la escala es la ratificación de que la política del gobierno va en el mismo sentido que el fallo de la Corte".

El funcionario también agregó que "otro dato importante es el reconocimiento que hace el propio fallo de la política de incrementos del gobierno nacional, citando cada uno de los decretos de necesidad y urgencia en la emergencia y reconociendo el esfuerzo del gobierno en este sentido".

Para Massa, el otro punto trascendente es que la Corte no aplica índices ni establece sistemas sino que pone en el "Parlamento y en el Ejecutivo esta función sabiendo preservar el valor jurisdiccional de cada uno de los poderes".

"Planteando además que las medidas de carácter general deben tener una evaluación cuidadosa y armónica debido a la complejidad del gasto público y las múltiples necesidades que está destinada a satisfacer", explicó el funcionario.

En el fallo, la Corte Suprema reseñó la crisis económica vivida desde 2002, la cual repercutió en el nivel de vida del jubilado, pero destacó que "desde el año 2003 se observa un proceso de recuperación de las variables salariales".

Al respecto, recordó que el Poder Ejecutivo otorgó aumentos a las prestaciones mínimas, pero sostuvo que "ese reconocimiento no alcanzó en la misma medida a la totalidad de los beneficios".

"El criterio de atender en primer lugar las necesidades más urgentes y asegurar a sus destinatarios los recursos para su subsistencia, no pueden llevar a convalidar una postergación indefinida de quienes no se encontraban en el extremo inferior de la escala de haberes ni a admitir graves deterioros en su situación", destacó la Corte. Agregó el alto tribunal que "el dictado de normas que aseguren la garantía prevista en la Ley Fundamental no sólo es una facultad sino también un deber, y que la omisión de disponer un ajuste adecuado en el beneficio del actor -que tiene una jubilación superior a los $1.000- ha llevado a privarlo de un derecho que cuenta con amparo constitucional". (Télam)