En un nuevo avance sobre la división de poderes, el presidente Kirchner presionó ayer a la Justicia para que tenga mayor celeridad en las causas que se siguen por los crímenes de la última dictadura (1976-83) y pidió cárcel común para quienes sean condenados por terrorismo de Estado.

El intento de avasallar a otros poderes es una característica del el gobierno de Kirchner, que ya restó atribuciones al Congreso con la aprobación de la ley que otorga "superpoderes" al jefe de Gabinete para que maneje a su antojo los fondos públicos ya presupuestados.

Ahora la presión del presidente la sufren los jueces, a los que calificó de "lentos", porque no resuelven los temas prioritarios para el santacruceño.

"En el caso de los juicios que se llevan adelante contra los represores por las violaciones a los derechos humanos, me parece que lo veo un poco lento. Hay que tener más celeridad, se llama a no tener miedo a avanzar", dijo Kirchner en un acto en la Casa Rosada.

El jefe de Estado se permitió también una ironía al sostener que "se dice que hubo más de 490 campos de concentración y ahora no llegamos a 200 ó 300 detenidos. Parece que hubo campos de concentración donde los detenidos se atendían solos".

La Justicia ha comprobado que funcionaron casi 500 campos clandestinos de detención en todo el país durante la dictadura argentina que dejó unos 30.000 desaparecidos, de acuerdo a los organismos humanitarios.

El mandatario insistió en la necesidad de acelerar la prosecución de las causas tras la anulación en el 2003 de las leyes de amnistía denominadas de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987).

Ambas leyes exculpatorias fueron declaradas luego inconstitucionales por la Corte Suprema para evitar que se "mantenga la impunidad que tuvieron durante tanto tiempo", dijo Kirchner.

Asimismo, el Presidente destacó una presentación hecha por la ministra de Defensa, Nilda Garré --"que comparto plenamente", dijo Kirchner--, para que los acusados de crímenes de lesa humanidad "vayan a cárceles que sean comunes", en línea con un antiguo reclamo de los organismos defensores de derechos humanos.

"Esto es una actitud de justicia. Todos aquellos que infringieron la ley, más en este tema, tienen que ir a cárceles comunes, porque algunos siguen siendo tratados como si fueran lo que no son", advirtió el mandatario. Numerosos militares y policías encausados cumplen prisión domiciliaria por tener más de 70 años, en tanto, entre los más jóvenes, la mayoría goza de detención en cuarteles militares.

Según un informe presentado por la Argentina ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, actualmente existen 959 causas penales en trámite, luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. (AFP y Redacción Central)