NEUQUEN (AN) - El gobierno de Neuquén están en plena licitación de la contratación de una empresa privada para la elaboración de un ambicioso banco de datos de sus recursos petroleros y gasíferos, pensando en el efectivo traspaso de las áreas hidrocaburíferas de la Nación a las provincias. Interesados en el proceso se quejaron por lo exiguo de los plazos, puesto que las propuestas deben presentarse siete hábiles después de la puesta a la venta de los pliegos.

La licitación es -según el anuncio oficial- de "una empresa o grupo de empresas para auditoría de control de explotación, auditoría de predicción de reservas, servicio de guarda, ordenamiento, catalogación y administración de archivos".

El secretario de Energía de la provincia, Eduardo Carbajo, aclaró que no se trata del control de regalías, una tarea que desarrolla el propio Estado, en parte con la asistencia de un software adquirido años atrás de la consultora del ex funcionario nacional Daniel Montamat. "La idea es tener un control más exhaustivo de los recursos", dijo Carbajo.

Los más importantes yacimientos de gas y petróleo de Neuquén están ahora concesionados a privados por la Nación, con contratos que comienzan a vencer la década que viene.

La Constitución Nacional, tras su reforma de 1994, le da a las provincias la potestad sobre sus recursos hidrocarburíferos pero en los hechos el negocio sigue estando en la órbita federal.

Las provincias que participan de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que son todas menos Neuquén, acaban de acordar con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, la sanción de una nueva norma de hidrocarburos, conocido como "ley corta", que con muy pocos artículos reglamenta el efectivo traspaso de la jurisdicción sobre el gas y el petróleo.

Pero por ahora -recordó Carbajo- la información sobre las cinco cuencas productivas argentinas está diseminada en organismos públicos nacionales y en los archivos de las operadoras privadas de los yacimientos. Los accesos provinciales a esos datos son casi nulos.

La sanción de la mencionada "ley corta" podría incluir, según los acuerdos entre los gobiernos, el traspaso, junto con los yacimientos, de toda la información que maneja ahora la secretaría de Energía de la Nación.

Carbajo explicó que se trata de un segundo llamado a licitación; el primero, realizado meses atrás, fue declarado desierto.

Los pliegos comenzaron a venderse el martes pasado y los interesados tendrán plazo para comprarlos hasta el miércoles que viene. El 11 de este mes se abrirán los sobres.

El establecimiento de estos plazos fue criticado por interesados en participar del proceso, que además hicieron notar, pidiendo reserva de sus nombres, que en los pliegos se excluye del proceso a aquellos que "tengan relación de cualquier clase con empresas dedicadas a la recopilación, guarda, asesoramiento, ingeniería o cualquier servicio que implique acceso a información técnica de explotación, exploración o desarrollo relacionada a la actividad hidrocarburífera", que, es precisamente, el tipo de especialidad que se requiere.

Carbajo sostuvo que los plazos se atienen a las leyes y aclaró que no se trata de un nuevo proceso, sino del segundo llamado de uno anterior.