NEUQUEN (AN).- La revelación de que desde hace un mes y medio funcionan once cámaras de seguridad en la ciudad generó una fuerte polémica puertas adentro del Concejo Deliberante y de la Legislatura neuquina.

Los ediles recriminaron que el jefe comunal, Horacio Quiroga, los "pasó por alto" y señalaron que en esta temática "es imprescindible la autorización del Concejo". Los diputados por su parte aseguraron que las cámaras "son ilegales y no buscan dar más seguridad sino incrementar la persecución política".

La ratificación de la existencia de once videocámaras que controlan por un circuito cerrado de televisión lo ocurrido en distintas calles de la ciudad cayó como una baldazo de agua fría entre los ediles y legisladores provinciales que aseguraron desconocer tanto su existencia como que fueron autorizadas por el municipio.

En el Concejo Deliberante el ánimo de los ediles de la oposición se puso al rojo vivo y las duras críticas contra Quiroga no se hicieron esperar. "Lo que hizo Quiroga es tomar una decisión completamente unilateral sobre un tema que por ser tan sensible requiere ser tratado en el concejo que es donde está representado todo el pueblo", aseguró el edil justicialista, Carlos Chaneton.

Los concejales recordaron que las cámaras realizan un uso del espacio aéreo que, como en el caso de las antenas de telefonía, debe ser autorizado expresamente por el cuerpo y no por el Ejecutivo y enfatizaron que "esto es así si no queremos que nos impongan un Gran Hermano que todo lo observa".

El edil por Recrear, Marcelo Bermúdez se mostró en contra de la colocación de este sistema ya que aseguró que "se trata de medidas aisladas que poco sirven a la seguridad si no hay educación ni justicia".

A su vez, se advirtió que dado que en la autorización municipal solo se permiten tres de las once cámaras colocadas, las restantes ocho estarían en infracción. "Si no fueron autorizadas no pueden estar apuntando a la calle, y si están filmando sin permiso deberían ser retiradas", agregó Chaneton.

Las criticas más duras se dieron dentro de la Legislatura, donde la controversia ya se había planteado en agosto del 2004 cuando el ex ministro de Seguridad, Luis Manganaro, informó sobre el plan que incluiría estas cámaras.

El diputado por Frente Grande, Raúl Radonich, aseguró que "la decisión de Quiroga es parte de una política en la que no se tiene la intención de transparentar lo que se hace". En tanto que su par del PI, Carlos Moraña, indicó que "el responsable de todo esto es el intendente por autorizarlo, y es una muestra más de que se respeta muy poco el sistema republicano de gobierno" .

Los diputados anticiparon que en los próximos días se citará a la ministra de Seguridad, Susana Arévalo, para que explique acerca de estas cámaras como así también del Plan de Seguridad que se está implementando desde hace dos años en la provincia.

"Esto es un mecanismo que no apunta a seguridad sino que es una actitud política del gobierno de usar los sistemas de seguridad

del Estado para controlar a la oposición política", advirtió Moraña a la vez que señaló que "es ilegal porque además de violar intimidad de las personas violenta el sistema republicano al no tener control parlamentario".

"Se habla de un plan de seguridad que nadie conoce y todo parece rotulado como un argumento para encubrir inversiones millonarias que son muy poco trasparentes", indicó Radonich que al igual que Moraña advirtió que por la ubicación de las cámaras "más que dar seguridad apuntan a amedrentar las actividades gremiales y políticas que tienen este recorrido y por ello se lo autorizó de esta manera porque de tener que recorrer los caminos legales no se lo aprobaría".

Algunos concejales respaldaron la decisión de Quiroga como Oscar Closs (MPN) que aseguró que "la vía no es un hecho trascendente" y Fabián Pelliza (UCR) que indicó que "es un simple permiso administrativo que lo debe otorgar algún funcionario municipal. Es algo similar a la habilitación de un patrullero".