SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La demora en escriturar las tierras adquiridas para resolver el problema habitacional de la barda del Ñireco inquieta a los concejales que aprobaron la operación mediante una ordenanza sancionada contra reloj el 22 de junio pasado.

La compra directa de 17 hectáreas en el este de la ciudad, aprobada a regañadientes en función de la emergencia habitacional de la barda, fue pactada en 510.000 dólares, financiados en seis cuotas.

El marco normativo -que modificó sustancialmente el proyecto original del Ejecutivo- estableció que la primera cuota, de 16.129 dólares, debía saldarse a los cinco días de firmar el boleto de compra venta mientras que la segunda cuota, de 80.645 dólares, debía pagarse entre el 15 y el 20 de julio.

El secretario de Hacienda, Darío Barriga, confirmó ayer a "Río Negro" que todavía no se efectuó ninguno de los pagos fijados por ordenanza ni se avanzó en la firma del convenio de compra-venta previsto en la norma, aunque evitó hablar sobre los motivos de la demora.

La escrituración del inmueble a nombre del municipio es la llave para avanzar en el proyecto habitacional, comprometido por la Nación, para reubicar a las familias que permanecen en la barda del arroyo Ñireco con el fantasma de los derrumbes sobrevolando sus viviendas.

El asesor Letrado, Manuel Vázquez, descartó la existencia de una demora que ponga en peligro la adquisición de las tierras y atribuyó la postergación de los plazos fijados en la ordenanza 1620 a la realización de la mensura, indispensable para formalizar la escrituración del terreno.

La parcela fue ofrecida al municipio por el abogado José Martínez Pérez, apoderado del inmueble que forma parte de los bienes de la sucesión de Héctor Lera, que no se encuentra en la ciudad para formalizar la operación.

Vázquez descartó cualquier tipo de reclamo por parte de los oferentes ya que el cronograma para el cumplimiento de las tramitaciones pendientes fue consensuado en función de un viaje que debía realizar el abogado.

"No es un incumplimiento nuestro sino que está consensuado, coincidiendo que el (Martínez Pérez) se iba de viaje, que se firmara a la vuelta" dijo funcionario, quien estimó que la rúbrica se producirá el próximo lunes 7 de agosto.

La urgencia planteada al Deliberante para conseguir la aprobación de la compra directa se diluyó tras la sanción de la ordenanza, dando paso a un ritmo más pausado y despreocupado en el resto de las formalidades del proyecto.

Esta percepción causó malestar entre los ediles que soportaron la presión del Ejecutivo y los vecinos.

El presidente del Concejo, Marcelo Cascón, y la concejala Guillermina Alaniz promovieron un pedido de informes al Ejecutivo exigiendo "detalles del cumplimiento" de la ordenanza 1620-CM-06 a un mes de su promulgación.

En el documento le reclaman al intendente Alberto Icare información sobre "la suscripción del contrato de compra-venta" y las gestiones realizadas para "la mensura, deslinde e inscripción registral de la parcela adquirida".